Guatemala. Miles de manifestantes bloquearon ayer, por segundo día consecutivo, varias vías en Guatemala, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de encabezar un golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien viajó hacia Estados Unidos para retomar una gira de trabajo por América del Norte, suspendida el domingo, donde se reunió con autoridades locales, además de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Arévalo afirmó en un acto en Washington, organizado por el Centro de pensamiento Wilson, que su país vive una “transición incierta que parece un golpe de Estado en cámara lenta.

Desde la primera vuelta electoral de junio Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de acciones legales de la fiscalía, que pide suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.

En su última embestida, la fiscalía allanó la sede del tribunal electoral y decomisó cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones.

Eso es indignante y es inaceptable. Representa una grave alteración del orden constitucional y debe ser examinado por la OEA, que ya ha llevado a cabo misiones de buenos oficios en Guatemala.

Según Arévalo, las iniciativas judiciales ponen en duda el compromiso del gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei para un traspaso de poderes fluido en enero.

Arévalo atribuye su éxito a que se ha comprometido a poner fin a la influencia de las redes corruptas.

El miedo de estos actores corruptos a que tengamos éxito es precisamente lo que ha desencadenado la persecución judicial y esa campaña de intimidación contra Semilla y sus seguidores en las redes sociales, añadió.

Asumiré el cargo, aunque el camino esté lleno de baches

La intención es clara: quieren retrasar o impedir mi investidura como presidente, estima Arévalo, quien sin embargo garantizó al público que no tiene ninguna duda de que asumirá el cargo aunque sea un camino lleno de baches.

En Guatemala, los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, mantuvieron cerrados al menos 23 tramos de importantes carreteras, como la Panamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.

Sin embargo, la agencia de noticias Prensa Comunitaria, que mantiene una amplia cobertura de la protesta a nivel nacional, publicó un mapa de Guatemala con 31 puntos carreteros bloqueados por los manifestantes, entre ellos en las carreteras hacia los vecinos México, El Salvador y Honduras.

La ciudad de Quetzaltenango, la segunda en importancia del país centroamericano, permaneció paralizada ayer dado que se sumaron los transportistas y bloquearon todos los accesos.

Decenas de policías acordonaron el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora de la capital, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.

Algunos ciudadanos se vieron impedidos de hacer algún trámite en la sede del Ministerio Público (MP) debido a la manifestación que se mantiene en el lugar, informó Prensa Libre. El MP emitió un comunicado para protestar por las manifestaciones frente a su sede en la zona uno de la capital. Añadió que la movilización atenta contra los derechos humanos de los usuarios y del personal del ente investigador.

Los bloqueos comenzaron antier en contra de los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo; acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos entre otros.

Arévalo ganó los comicios del 20 de agosto ante su rival Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.

Además, los manifestantes piden las renuncias de Porras; del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez séptimo penal Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal poselectoral. Los cuatro funcionarios están incluidos en una lista de de Estados Unidos de actores corruptos y antidemocráticos.

Las manifestaciones y bloqueos fueron convocados por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, pero al llamado se han sumado otros sectores.

Dirigentes del paro cívico nacional en Guatemala afirmaron ayer que los bloqueos de carreteras y otras manifestaciones continuarán hasta la renuncia de los fiscales acusados de promover un golpe de estado contra el orden constitucional.

Organizaciones guatemaltecas pidieron a la Corte de Constitucionalidad resolver los recursos legales pendientes y definir si el juez Orellana, quien ordenó suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla –el partido de Arévalo–, tiene esa autoridad. Según una ley constitucional, sólo el Tribunal Superior Electoral posee esa facultad.

Por su parte, el presidente saliente Giammattei –cercano a Porras y quien la víspera guardó silencio sobre las protestas–, dijo este martes en una actividad pública que la forma de trabajar no es manifestando en la calle, no es llamando a la gente e incitando gente a la violencia; la forma de gobernar es hacer equipo.