La próxima administración de México enfrentará decisiones difíciles en términos fiscales que podrían ir desde eliminar exenciones de algunos impuestos hasta aumentar las tasas en otras contribuciones, sobre todo por la gran reducción en el déficit público que proyecta el actual gobierno, la cual implicará un lastre significativo sobre el crecimiento de 2025 y revertirá el impulso esperado para 2024, considera el Fondo Monetarios Internacional (FMI).

El grupo de especialistas enviado por el FMI al país estima que el primer año de la próxima administración, el crecimiento económico sea de 1.5 por ciento, menor a los avances de 2023 y 2024, que el mismo pronostica, respectivamente, en 3.2 y 2.1 por ciento. La desaceleración de la actividad económica en México se debe a la gran consolidación fiscal –reducción de la brecha entre ingresos y gastos–, que este gobierno deja al entrante, exhibió.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024 entregados por la Secretaría de Hacienda al Congreso, se prevé que el próximo año el déficit público escale a 5.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) –su mayor nivel en más de tres décadas– para luego reducirse a 2.6 por ciento.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha explicado que ese incremento se debe al gasto contenido para completar las obras de infraestructura propuestos por la actual administración, al encarecimiento de los intereses de la deuda pública y a otros ajustes inflacionarios, por lo que al concluirse las obras en 2024, se reducirán las presiones en el margen fiscal por el lado de las erogaciones.

Cumplir con ese paso de un déficit de 5.4 a 2.6 por ciento del PIB requeriría medidas fiscales sustanciales de alrededor de 2.5 por ciento del PIB, en su mayoría relacionadas con el aumento de los ingresos no petroleros (que están significativamente por debajo de sus pares latinoamericanos y de la OCDE), explicó el FMI.

Entre esas medidas de ajuste, propuestas por los especialistas del FMI, se encuentran el eliminar la tasa cero del impuesto al valor agregado y racionalizar los casos y productos en que se exenta el pago de esta contribución; ampliar el impuesto a la renta personal –el organismo nada dice sobre el que pagan empresas, cuya tasa efectiva es menor que el de los trabajadores– y aumentar los impuestos a la propiedad.

El Fondo acotó que un marco fiscal a mediano plazo más sólido fortalecería la credibilidad y garantizaría una mayor coherencia en la combinación de políticas. Entre los cambios propuestos se encuentran un marco presupuestario creíble a mediano plazo y crear espacio fiscal adicional para una política más contracíclica en el futuro.