El Congreso de la Ciudad de México aprobó nuevas reformas al Código Penal, y de nueva cuenta –en menos de un año– incrementó las penas a quien derribe, tale, destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.

La primera reforma fue aprobada en diciembre del año pasado y ayer, 10 meses después, volvió a ser incrementada la pena para imponer hasta 20 años de prisión y multa de hasta 10 mil unidades de medida y actualización, que equivalen a poco más de un millón de pesos.

A decir del presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, el endurecimiento de la pena económica implica que quienes cometan este delito no tendrán el sustento económico para pagarlo, lo que, confió el legislador, inhibirá la tala ilegal.

Sin embargo, el diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres criticó que la medida no es suficiente, pues en este delito participan grupos del crimen organizado, por lo que se requiere mayor vigilancia. Insistió en que elevar las penas punitivas no resuelve el problema de fondo, pues, según datos de la Fiscalía General de justicia, únicamente había 17 personas vinculadas a proceso por el delito de tala.

Por otra parte, ayer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentó, por vez primera, una iniciativa para que las páginas de Internet del gobierno capitalino sean portales accesibles para las personas con discapacidad motriz, auditiva y visual, así como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos.

Continúa evaluación del desempeño de la fiscal

Como parte del proceso de ratificación de la titular de la fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, ayer se realizó una sesión del Consejo Judicial Ciudadano en la que se entrevistó a seis funcionarios, quienes expusieron los trabajos que ha realizado el organismo en los pasados cuatro años.

En sus exposiciones detallaron que la FGJ ha concretado acuerdos reparatorios por 671 millones de pesos, por lo que destacaron la labor de poner al centro a las víctimas. Además, en lo que va de su gestión, se han emitido 8 mil 672 sentencias, de las cuales 6 mil 525 fueron condenatorias.