La Fiscalía General de Justicia (FGJ) aseguró el inmueble en construcción del complejo Espacio Condesa, que es un conjunto de uso mixto con un centro comercial y dos torres de 22 y 16 niveles, luego de que los residentes de la zona denunciaron que seguían las obras, a pesar de los sellos de clausura que colocó la Secretaría del Medio Ambiente en enero pasado.

La lideresa vecinal Quetzal Castro exigió que se aplique la ley con sanciones penales y multas contra las personas que representen a la inmobiliaria, al director responsable de obra y funcionarios locales que posiblemente por omisión permitieron que siguiera la edificación.

Los agentes de la FGJ desplegaron un operativo en el predio ubicado en Circuito Interior José Vasconcelos 127, esquina Benjamín Franklin, en la colonia Hipódromo Condesa, al que se le colocaron lonas y avisos de clausura la tarde del viernes por el delito de quebrantamiento de sellos.

Fiscalía de Investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana FIDAMPU. Inmueble asegurado, se lee en las dos lonas y decenas de sellos en los que se asentaron las carpetas de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-7/UI-1S/D/156/02-2023 y CI-FIDAMPU/A/UI-2C/D/939/09-2023; además, se incluye la leyenda del artículo 286 del Código Penal local al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

La obra se ubica en un predio de 10 mil 659.71 metros cuadrados, pero actualmente la torre mayor para uso de comercio y oficinas lleva un avance de 21 niveles y la segunda –de tipo habitacional y hotel– tiene tres pisos.

Los residentes de la zona afirmaron que la información de autoridades y de la inmobiliaria es confusa, porque en un tríptico que recibieron algunos se refieren al proyecto de dos torres de 22 y 16 niveles, pero en la página oficial de la inmobiliaria indica que son 31 y 26 pisos, respectivamente, mientras la primera tendrá 12 sótanos.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que 74 por ciento de la construcción está avalada por el dictamen de daño ambiental con fecha de mayo pasado, pero los sellos de clausura son de enero.

Los vecinos mantienen su rechazo a la obra porque dicen que se intensificará la escasez de agua, la inseguridad y los problemas de tránsito, además de acusar a la inmobiliaria de realizar mañosamente una supuesta consulta vecinal.