Integrantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Alianza por la Salud Alimentaria coincidieron en establecer una reformulación obligatoria de productos ultraprocesados en cuanto a los niveles de sodio, con la finalidad de combatir enfermedades crónicas.

El exceso de sodio incide en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión (padecida por la mitad de los adultos) y aumenta la probabilidad de infección por Helicobacter pylori, uno de los principales factores de cáncer de estómago, así como el alza de la absorción de calcio, que incrementa la posibilidad de generar cálculos, sobrepeso y obesidad.

El consumo de sodio en la población mexicana está por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere una ingesta hasta de 2 gramos al día, equivalentes a 5 gramos de sal. Los escolares consumen 2.8; los adolescentes 3.7 y los adultos 3.1 gramos.

En conferencia de prensa, Ana Basto-Abreu, experta del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, precisó que el consumo excesivo de sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular como infarto o embolia cerebral y muerte.

Si implementáramos una ley para reducir el contenido de sodio en alimentos procesados y ultraprocesados en México, podríamos reducir 904 miligramos por día de ingesta de sodio por persona (25 por ciento del consumo) y evitar 12 mil 787 muertes anualmente.

En el contexto de la entrada en vigor de la segunda fase del etiquetado frontal de advertencia, en octubre próximo, que impide la evasión del sello de exceso de sodio, Lilia Pedraza, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, mencionó que la reformulación de productos beneficia a toda la población, ya que gracias a ésta hay una menor cantidad de azúcares añadidos, sodio y grasas en el suministro de alimentos.

En México no hay reformulación obligatoria, a pesar de ser una recomendación de la OPS. Argentina es el primer país en América que estableció la ley de reformulación obligatoria en sodio, en 2028, y con ello ha logrado que más de 90 por ciento de los productos incluidos en la ley cumplieran con los objetivos.