scalan las diferencias, por decirlo con extrema suavidad, entre los poderes Ejecutivo y Judicial: el primero exige un giro de 180 grados en la forma de impartir justicia en el país y en el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al tiempo que propone modificar de raíz la forma en la que son designados sus integrantes, porque hasta ahora sólo están al servicio de la minoría rapaz; el segundo se niega a ceder un ápice en sus monárquicos privilegios y en sus cada día más cuestionables prácticas, con el pretexto de que de esa forma evita la corrupción y atiende eficientemente a la ciudadanía, por ellos entendida como oligarquía.

En pocas palabras, ese es el quid de las diferencias. ¿Quién tiene la razón? El más reciente sondeo del Inegi (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) nos aproxima a la respuesta correcta: 66 por ciento de los mexicanos considera que los jueces (que forman parte del aparato del Poder Judicial) son corruptos (en el caso de las mujeres la negativa sube a 67.6 por ciento) y con tal evaluación ocupan el segundo lugar en este renglón, sólo por debajo de los policías de tránsito (con 73.9 por ciento). Además, 60 por ciento desconfían de los jueces.

Entonces, para evitar la corrupción y mantener sus monárquicos privilegios, los integrantes del aparato de impartición de justicia cada día son más corruptos y dedicados a liberar o amparar a todo tipo de alimañas del crimen organizado, comenzando por los delincuentes de cuello blanco (entre lo más reciente, que no lo último, están los casos del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien es cobijado por el ministro Luis María Aguilar Morales para que no cumpla con sus obligaciones fiscales, el abogado salinista Juan Collado, el protector de feminicidas Uriel Carmona –cuatro veces detenido e igual número de veces liberado– y la desestimación de pruebas en el caso de Emilio Lozoya (Agronitrogenados y Odebrecht), director de Pemex con Peña Nieto, quien por esa gracia tiene un pie fuera de la cárcel).

Así es, como por arte de magia, capos del narcotráfico, evasores y defraudadores fiscales, lavadores de dinero, feminicidas, delincuentes de cuello blanco y demás fauna delictiva es liberada en cuestión de días u horas por la gracia de quienes presumen impartir justicia. En contrapartida, 40 por ciento de la población carcelaria (alrededor de 88 mil presos) se mantiene in saecula saeculorum sin sentencia, porque los juzgadores están muy ocupados en cuestiones más lucrativas. Qué decir de la industria del amparo, que el Poder Judicial ahora los concede como si se tratara de caramelos, especialmente si el objetivo es detener una acción de gobierno que afecte los intereses de la oligarquía.

En puerta está la revisión del Presupuesto de Egresos 2024 para el Poder Judicial (alrededor de 84 mil millones de pesos, de acuerdo con su desproporcionada solicitud a la Cámara de Diputados) y sus integrantes sudan, se acongojan y están al borde de un ataque de nervios por la posibilidad de que los inquilinos de San Lázaro le apliquen un riguroso tijeretazo, especialmente destinado a sus mágicos cuan multimillonarios fideicomisos.

No es gratuito lo expresado en la mañanera de ayer por el presidente López Obrador: es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial: jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la organizada como de la de cuello blanco; no es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo; no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

De acuerdo con el mandatario, esto se fue descomponiendo, como todo el gobierno, a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico al servicio de una minoría rapaz. Con la elección de 2018 se libera el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero no el Judicial, que sigue estando controlado por la mafia del poder económico y político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial.

Así o más claro.

Las rebanadas del pastel

Mario Delgado quiso jugar a Tarzán y en un intento cambiar de liana, pero erró y su futuro era la caída libre. Por eso reculó y decidió aferrarse a la que tiene.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com