La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a jueces y magistrados federales de actuar con parcialidad e ilegalidad al emitir los fallos que invalidaron pruebas en contra del ex director general de Pemex Emilio Lozoya Austin, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía fijó su postura sobre la decisión del primer tribunal colegiado de apelación del primer circuito, hecha pública el viernes pasado, que declaró como ilícita información bancaria de las cuentas de Lozoya Austin aportada por el Ministerio Público Federal en la carpeta de investigación del caso, con el argumento de que fue obtenida sin contar con la autorización previa de un juez.

Los jueces de distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio L y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales, indicó la FGR en un comunicado.

Con dicha decisión, el colegiado confirmó la determinación que el 10 de marzo pasado tomó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, quien desechó aceptar como pruebas los reportes de las cuentas bancarias de Lozoya Austin con el mismo criterio esgrimido por el tribunal.

Era necesaria una orden judicial

Los medios probatorios contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previa a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro país, señala el colegiado en su fallo.

Según la FGR, estas determinaciones judiciales son evidentemente ilegales y contravienen a los estipulado en el Código Penal Federal. Uno de esos mismos jueces de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio L, que artículos expresos de la legislación le niegan, sostuvo la Fiscalía.