La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que un recorte al presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) afectaría la aplicación del sistema penal acusatorio y el servicio de defensoría pública.

En una reunión con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la ministra afirmó que el valor indispensable de la independencia judicial debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de jueces y magistrados, sin riesgos para su seguridad personal, estabilidad laboral y financiera ni la continua profesionalización de los integrantes del PJF.

Una disminución presupuestal al PJF, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual, afirmó la ministra.

Sobre el problema de las detenciones arbitrarias, Piña Hernández señaló que México está muy lejos de superar esta situación, pues según datos oficiales, sigue aumentando el número de desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos.

Por eso, en el espíritu de colaboración plena, ahora y hacia el futuro, queremos establecer con ustedes, y les solicito respetuosamente, pero de frente y sin rodeos, considerar en su evaluación de país y las recomendaciones indispensables que puedan formularnos para combatir las detenciones arbitrarias, el valor indispensable de la independencia judicial y su respeto. Esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la Judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura, señaló.