Durante el primer semestre de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó, de su fondo para atender el pasivo laboral, 132.1 millones de pesos para otorgar compensaciones por término de relación contractual, señaló el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

Se informó que resultaron beneficiadas 512 personas, quienes recibieron esa compensación (adicional a los finiquitos establecidos en la ley y a las aportaciones por la vía de seguros de separación).

El desembolso de 132.1 millones equivale a 36 por ciento del saldo actual de ese fideicomiso (ahora de 359.1 millones), uno de los dos con los que cuenta el INE; el otro es para obras en inmuebles y módulos de atención ciudadana, con una bolsa de 591.2 millones, al corte de junio.

Aunque en el reporte no detalla el personal beneficiado, en abril, concluyeron su gestión cuatro consejeros y renunciaron los principales funcionarios del organismo.

Los fideicomisos fueron mencionados en la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se pretendía usar esos fondo para el pago de finiquitos del personal separado de su cargo a consecuencia de la compactación de estructuras del INE; posterior a ello se liquidarían los fideicomisos en mención.

Debido a que la reforma fue cancelada por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos fondos persisten, particularmente para cubrir beneficios extraordinarios avalados desde los altos órganos de decisión del INE.

Del análisis de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso, celebradas desde el ejercicio fiscal 2021 hasta el primer semestre de 2023, se identificaron 38 sesiones en las cuales se ha aprobado un total de 2 mil 815 pagos, indicó la contraloría del INE.

El OIC hace notar que la mayoría de las autorizaciones se hicieron en sesiones extraordinarias, aunque en la más reciente sesión ya no se autorizaron más pagos.

Por ello sugiere que las sesiones extraordinarias sean la excepción, no la regla, con el fin de analizar cada uno de los casos y disminuir la posibilidad de que se materialice el riesgo de autorizar realizar pagos improcedentes.

Por otra parte, el OIC pidió información que justifique el gasto de 47.9 millones para la compra de mil 925 impresoras láser monocromáticas, sólo para los módulos de atención ciudadana.