l presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a denunciar el desfalco a la nación que suponen los contratos suscritos con varias empresas para arrendar nueve hospitales para los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Estos acuerdos de asociación público-privada suponen una sangría al erario de 5 mil 651 millones de pesos anuales, y al término de su vigencia habrán costado 93 mil millones de pesos. A fin de ahorrar al Estado los obscenos sobrecostos introducidos en los convenios firmados por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin afectar las inversiones de las personas de negocios, el mandatario propuso comprarles los inmuebles con todo su equipamiento a un precio justo establecido mediante avalúo.

Según informó ayer el titular del Ejecutivo, la contrapropuesta que recibió consiste en proseguir los contratos hasta su término original, pero con un descuento en la anualidad. Semejante proposición es inaceptable porque haría prevalecer la transferencia de dinero público a un puñado de magnates, y además constituye una cínica admisión de que durante todos estos años los proveedores han cobrado sus servicios a un precio mucho más elevado del real.

Como ilustró el Presidente, con lo que se ha derrochado en el pago de sobreprecios la Federación pudo haber construido más hospitales, contratado más personal, actualizado los equipos médicos o adquirido medicamentos y otros insumos. En este sentido, la complicidad de funcionarios panistas y priístas con empresarios inescrupulosos para inflar los costos de los nosocomios concesionados bien puede calificarse de conspiración para asesinar a quienes se vieron privados del acceso a la atención médica por un uso insensible y criminal del presupuesto.

Los regímenes neoliberales crearon un marco legal expresamente diseñado para el saqueo y el latrocinio, en el cual el Estado está obligado a honrar los contratos firmados con particulares incluso cuando se demuestra de manera fehaciente que éstos fueron redactados de manera dolosa con intención de estafar a la nación en beneficio de los capitalistas y sus cómplices dentro de la administración pública. Por ello, resulta poco menos que imposible recuperar los montos que ya fueron entregados, pero el esfuerzo del Ejecutivo para frenar a este robo al descubierto debe ser saludado y acompañado por toda la población. De la misma manera, quienes participaron de este esquema de defraudación podrán sustraerse de la acción de la justicia, pero merecen la más firme condena social, y es imperativo impedir que vuelvan a hacer negocios u ocupar cargos en cualquier rama del gobierno.

Por último, este caso obliga a reflexionar en torno a la deshumanización y el extravío de toda brújula moral que son parte intrínseca del modelo económico neoliberal, en el que las personas quedan reducidas a mercancías y la dignidad intrínseca de los miembros de nuestra especie en que se fundamenta toda la teoría de los derechos humanos se ve sujeta al poder adquisitivo de los individuos y a las leyes de la oferta y la demanda. Ante actos de barbarie como la privatización de la atención sanitaria, se reafirma la urgencia de desterrar el neoliberalismo como proyecto y como ideología.