Houston. Un juez federal declaró ayer que es ilegal una versión modificada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos durante su infancia, pero rechazó ordenar el fin inmediato del programa y las protecciones que otorga a los beneficiarios.

El juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que incoaron una demanda para detener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se prevé que el fallo del juez sea apelado ante la Suprema Corte, con lo que el máximo tribunal sopesaría el destino del programa por tercera ocasión.

Aunque comprende el predicamento por el que pasan los beneficiarios del DACA y sus familias, desde hace algún tiempo esta Corte ha manifestado su preocupación por la legalidad del programa, escribió Hanen en su fallo de 40 páginas.

“La solución a estas deficiencias estriba en el Poder Legislativo, no en los poderes Ejecutivo ni Judicial. El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar un proyecto de ley similar al DACA… El Poder Ejecutivo no puede usurpar la autoridad que la Constitución confiere al Congreso, incluso para llenar un vacío”, señaló.

La orden de Hanen amplía el actual mandamiento judicial que había estado en vigor contra el DACA, el cual prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para las personas que ya están inscritas durante la actual revisión jurídica.

Hanen también declinó una solicitud de los estados para que ordenara la finalización del programa en dos años. El juez dijo que su orden no obliga al gobierno federal a que adopte alguna medida contra los beneficiarios del DACA, conocidos como dreamers.

Thomas Saenz, presidente y abogado general del Fondo Mexicano Estadunidense para la Defensa Jurídica y la Educación, que representa a beneficiarios del DACA en la demanda, dijo que en última instancia corresponderá a las cortes superiores, incluida la Suprema Corte, fallar sobre la legalidad de ese programa y si Texas logró demostrar que el mismo le causó perjuicios.