El Movimiento Magisterial de Coahuila anunció que tratará de revertir de forma legal la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al gobierno de ese estado para no distribuir los libros de texto gratuitos.

El representante de la agrupación, Claudio Alberto Escobedo Hernández, criticó al gobierno de la entidad por la decisión de no repartir los ejemplares que se encuentran en bodegas de los distintos municipios y, en cambio, ordenar la elaboración e impresión de otros libros con editoriales privadas con un costo de 72 millones de pesos.

Aseveró que ese recurso se puede utilizar en la compra de miles de aparatos de aire acondicionado, en cientos de techumbres para los patios de escuelas o en resolver muchas otras necesidades educativas.

En la manifestación en la plaza Alameda de Torreón, integrantes del movimiento, en su mayoría profesores de la Universidad Pedagógica Nacional campus Laguna, y militantes de Morena, dijeron que reunirán firmas de maestros y padres de familia para acudir a la Corte y exigir que se anule la suspensión.

En la movilización no participaron dirigentes o representantes de las secciones 5, 35 ni 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En Chihuahua, un grupo de 200 personas movilizadas por consejeros estatales de Morena protestaron ayer afuera del Congreso estatal en respaldo de diputados locales de ese partido durante la instalación del primer periodo ordinario de la 67 Legislatura, quienes exigieron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván distribuir los nuevos libros de texto gratuitos.

Mientras tanto en Ciudad Juárez, padres de familia denunciaron que en las escuelas públicas les están cobrando 400 pesos por copias de los libros de texto del ciclo escolar pasado.

Dijeron que el pasado miércoles los citaron en la primaria José Reyes Estrada, de la colonia Oasis Revolución, y les pidieron 400 pesos por las copias; cada grado tiene siete ejemplares.

En redes sociales circularon avisos de directores de diferentes escuelas públicas en los que se pide a los paterfamilias pagar cuotas por material didáctico de apoyo y se les exhorta a comprar guías de estudio de editoriales como Santillana o Montenegro.