l gobierno de Daniel Ortega canceló de manera arbitraria, el 23 de agosto, la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús. Todos sus bienes pasan al Estado. Una semana antes confiscó la trascendente Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas, acusada de terrorismo. Lo mismo ha pasado con todos los centros educativos y colegios de la compañía.

Ortega traicionó de manera pueril y obscena los ideales de la revolución sandinista que derrocó a los Somoza, revolución que contó con cientos de simpatizantes de la teología de la liberación. Llamada por muchos una revolución cristiana. Abundantes cuadros técnicos y operativos surgieron de la UCA, ahora sometida.

La radicalización de la dictadura orteguista empezó en 2018, ante las crecientes protestas por el comportamiento arbitrario del gobierno contra la prensa y acciones abusivas para reprimir toda oposición. Se desató una masacre a la población. La represión del gobierno dejó al menos 350 muertos, centenares de presos, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en uno de los países más pobres de América. La justificación fue: un intento de golpe de Estado financiado por Norteamérica.

José Daniel Ortega nació en La Libertad el 11 de noviembre de 1945. Se convirtió en dirigente revolucionario del sandinismo que derrocó la dictadura de los Somoza en 1979. Ex guerrillero y político, se fue convirtiendo en un adicto al poder, traicionando los valores revolucionarios de su original movimiento. Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990. Luego triunfó en las elecciones del 5 de noviembre de 2006 y desde entonces ha sido relegido en tres ocasiones: en 2011, 2016 y 2021. Más de 22 años en el poder han deformado su alma revolucionaria para convertirlo en tirano. Con una pareja, Rosario Murillo, a quien muchos sostienen que es la que en verdad toma las decisiones políticas.

Ortega opresor se convirtió en actor que abusa de su autoridad y es inclemente ante cualquiera que se asome como opositor. Desde 2018, la familia Ortega se ha orientado hacia una dictadura de gobierno autoritario y tiránico. Todas las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por el matrimonio Ortega-Murillo, que impide cualquier intervención democrática y social. Más que dictador revolucionario, Ortega se ha convertido en dictador absolutista y arbitrario. Por tanto, ha trasformado a Nicaragua en un régimen antidemocrático. Su poder no tiene límites jurídicos y trastoca el carácter político prexistente.

Ortega ha reprimido a la prensa, intelectuales críticos, sindicatos disidentes, empresarios, activistas ecológicos y a importantes sectores de la Iglesia. Desde hace años, la relación Iglesia-Estado en Nicaragua ha tocado fondo. Justo el año pasado, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y cinco sacerdotes estuvieron cercados por la policía en el palacio episcopal, después aprendidos y encarcelados. La tensión con la Iglesia católica tiene varios episodios. A inicios de 2022 Ortega decretó el cierre de siete radioemisoras católicas. También prohibió la procesión tradicional de la Virgen de Fátima en la arquidiócesis de Managua. Sorprendió la expulsión del territorio nacional de las religiosas Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, quienes se refugiaron en Costa Rica. Desde abril de 2019, el obispo Silvio José Báez vive exiliado en Florida. Ha sido una de las voces más críticas contra Ortega. ¿Qué dirían del maltrato a clérigos, los actores religiosos, como Ernesto Cardenal y su hermano Fernando, y el sacerdote diplomático Miguel d’Escoto?

Se acusa a la Iglesia de desestabilizar, que promueve el odio y el encono hacia el gobierno. Ser un agente poderoso de desequilibrio social que alienta tanto un levantamiento social como un eventual golpe de Estado. El argumento para confiscar la UCA es que promueve el terrorismo.

Pero no idealicemos a la Iglesia católica. Como toda institución tiene posturas e intereses. Hay sectores que simpatizan con Ortega y lo apoyan. Otros con su silencio cómplice, lo validan. Será interesante analizar las posturas clericales ante la confiscación de la UCA y del desconocimiento jurídico de los jesuitas para precisar un mapa político de la propia Iglesia católica en Nicaragua.

Muchos reprochan a Ortega que su gobierno cada vez se parece más a la familia Somoza. Le recriminan negocios con conflicto de intereses, convenios económicos ventajosos y corrupción en beneficio de sus familiares, leales y socios prestanombres. El papa Francisco lo calificó como un tipo de dictadura grosera.

Sería una simplificación situar las tensiones entre el episcopado y Managua como conflicto entre instituciones. El encono hacia sectores de Iglesia debe explicarse por la crisis de gobernabilidad y la pérdida de legitimidad que arrastra Ortega. Las tensiones con la Iglesia son parte de la lucha por el poder. Ortega recurre a medidas autoritarias extremas no sólo ante la Iglesia, sino contra sectores de la sociedad.

Ortega ha llegado demasiado lejos con los jesuitas. Debe tener presente que el Papa es también jesuita. A diferencia de 1979, en que el papa Juan Pablo II no veía con buenos ojos a los sandinistas, el pontífice argentino podría irse con todo contra Ortega. Veremos.