El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se deben limitar los gastos excesivos del Poder Judicial, por lo que llamó al Legislativo a que, con base en sus atribuciones constitucionales, analice si hace un ajuste presupuestal a ese sector.

No se deben permitir excesos, que ganan muchísimo los jueces, los magistrados, los ministros, mucho, mucho, mucho, 600, 700 mil pesos mensuales, ¿escucharon? 600 y hasta 700 mil pesos mensuales (en el caso de los ministros). Y agregó que tienen un guardado de 20 mil millones de pesos de un fideicomiso.

El mandatario dijo que si la Cámara de Diputados determina hacer un recorte, en el Poder Judicial son tan cínicos que lo rechazarán y se van a amparar ellos mismos para no cumplirlo, a la par que tendrían el apoyo de los conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación, como lo hicieron con el lineamiento constitucional que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

Horas después, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no pueden aceptar un recorte al presupuesto, y que solicitaron a la Cámara de Diputados un incremento de 4 por ciento, es decir, un monto de más de 84 mil millones de pesos.

En la mañanera, el Presidente también se refirió a la decisión de la Corte para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar aun cuando sólo tiene cuatro comisionados –la ley determina que puede trabajar con un mínimo de cinco–. Está muy bien, pero si estamos hablando de que ese instituto no ayuda en nada. Es lamentable. Deberían ellos de hacer algo, reducirse los sueldos cuando menos, hacer algo, porque debe dar pena estar cobrando sin hacer nada, sin contribuir al desarrollo del país.

Para ejemplificar los excesos del Poder Judicial, expuso la información de nómina del nuevo funcionario de la Corte, Ricardo Márquez Blas, ex colaborador de Genaro García Luna y quien fue contratado por la ministra presidenta –caso del que La Jornada informó la semana pasada–, donde comprobó que gana más que el propio mandatario, con sueldo mensual de 122 mil pesos (después de impuestos) más una gran lista de prestaciones pagadas con dinero del presupuesto público.

López Obrador insistió en sus críticas al ministro Luis María Aguilar por archivar más de ocho meses el expediente del adeudo de 25 mil millones de pesos en impuestos de la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas, pero otorgó rápidamente dos amparos para evitar que los nuevos libros de texto gratuitos fueran distribuidos en Chihuahua y Coahuila.