La FGJ impugnará la resolución
El juez se abstiene de dar a conocer los motivos de su fallo // No saldrá libre // Enfrenta otros tres delitos
Martes 29 de agosto de 2023, p. 32
No obstante el hallazgo de pruebas que involucran al ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez Luis Vizcaíno Carmona en una red de corrupción inmobiliaria, un juez de distrito le concedió la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de control de la Ciudad de México el 14 de julio.
El juzgado decimoquinto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le otorgó la medida cautelar contra la determinación del juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la capital, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 8 del Tribunal Superior de Justicia local; sin embargo, la sentencia no significa que recuperará la libertad.
Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero por los motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria
, señala el resolutivo del juez, quien sólo dio a conocer el sentido de su sentencia, pero no hizo público el expediente con los motivos.
Fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local informaron que la resolución de suspensión definitiva será impugnada.
Vizcaíno fue el primer funcionario público en ser detenido por estar involucrado en el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez. Dentro de la carpeta judicial 008/395/2023, la fiscalía lo acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias entre 2015 y 2016, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con lo que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía a sus propios intereses e incluso para personas de alto nivel jerárquico, tanto dentro de la alcaldía como del Partido Acción Nacional (PAN).
La fiscalía indicó que continúan los procesos por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y uso ilegal de facultades y atribuciones cometidos por servidores públicos.
(Con información de Laura Gómez Flores)