uando en 2001 la clase política mexicana negó la posibilidad de una profunda reforma al Estado mexicano, que mediante el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres abriera la puerta a una nueva relación entre pueblos originarios y Estado, contribuyó a la agudización de diversas problemáticas y generó consecuencias que hasta el día de hoy observamos.
Una de ellas tiene que ver con la intensificación del proceso de acumulación por despojo, el cual se aceleró desde la reforma al artículo 27 constitucional, que significó la privatización del suelo ejidal y comunal. El reordenamiento territorial que México necesitaba para la integración neoliberal con América del Norte pasaba por apagar las pocas y disminuidas luces de la revolución agraria de principios de siglo. Reconocer a los pueblos originarios como entidades de derecho público y encauzar la discusión sobre la libre determinación territorial, era algo que estaba en total contrasentido del proyecto neoliberal. Los políticos que rechazaron los Acuerdos de San Andrés al mismo tiempo ratificaron su adhesión al consenso neoliberal.
La historia que vino después es ampliamente conocida: mediante proyectos como el Plan Puebla Panamá, que se convertiría en el Proyecto Mesoamérica y que hoy es retomado con el mal llamado Tren Maya y el Corredor interoceánico, impulsó zonas económicas especiales y polos de desarrollo ahí donde los pueblos habían ganado históricas batallas en defensa del territorio. Si la integración neoliberal norteamericana se había contenido, fue gracias en parte a la resistencia y fuerte tejido social y comunitario de los pueblos originarios, campesinos y de amplios sectores populares.
Otra consecuencia que hay que analizar es la ruta de los pueblos que decidieron impulsar su autonomía de facto y continuar con la defensa de sus territorios. Las comunidades del EZLN son el caso más emblemático a nivel mundial. En su palabra dicen que pasaron del tiempo de pedir y del tiempo de exigir, al tiempo de ejercer. Con su resistencia y rebeldía han logrado construir un mundo muy otro basado en el mandar obedeciendo, con autogestión y autodeterminación en 43 entidades autónomas, entre las que destacan los 12 Caracoles Zapatistas.
Las comunidades zapatistas no fueron las únicas en optar por esta vía. Otros pueblos, comunidades, barrios, tribus y naciones, la mayoría de ellas articuladas en el Congreso Nacional Indígena, decidieron seguir defendiendo sus territorios. Ya sea reconstruyendo sus guardias comunales o policías comunitarias, impulsando sus radios comunitarias, fortaleciendo a sus autoridades tradicionales, robusteciendo sus clínicas o escuelas autónomas o recuperando y creando proyectos productivos, estos pueblos originarios han entregado toda su energía en defensa de los bienes comunes. Para enfrentar a gobiernos municipales, estatales o federales, vinculados a poderosas corporaciones nacionales y trasnacionales, los pueblos originarios han explorado diversas vías jurídicas y políticas en la resistencia. En algunos casos han encontrado como respuesta los ataques de grupos paramilitares o de las bandas armadas del crimen organizado que, mediante asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas y otras violencias, han intentado eliminar a los pueblos en resistencia.
La comunidad nahua de Santa María Ostula es un ejemplo de esa violencia que Estado y capital lanzan contra los pueblos con fines de despojo. En 2009, miles de comuneros de Ostula se dieron a la tarea de recuperar cientos de hectáreas de tierra que tenían en su poder caciques y pequeños propietarios y que son deseadas por empresas turísticas, minería, crimen organizado, empresas de maderas preciosas.
El pueblo de Santa María Ostula construyó ahí un ejercicio de autonomía que ganó la atención de otros pueblos de la región y del mundo. Para eliminar y desplazar a este pueblo nahua en resistencia, Estado y corporaciones legales y criminales intensificaron una guerra que hoy deja como saldo 36 comuneros asesinados y otros cinco desaparecidos. Esta violencia no es cosa del pasado, el 10 de agosto pasado, Froylan de la Cruz Ríos, integrante de la comunidad, fue desaparecido y luego encontrado brutalmente asesinado. Esto sucedía al mismo tiempo que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazaba con desalojar a los pueblos en resistencia.
Dentro de la misma estrategia de violencia para la acumulación por despojo, podríamos identificar la que se emprende contra los pueblos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en Guerrero, las agresiones en Oaxaca contra los pueblos de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, los ataques contra las comunidades zapatistas en Chiapas o el asesinato en Morelos de Samir Flores Soberanes.
Estos pueblos, que desde 2001 emprendieron nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de la vida, en los hechos disputan en lo más concreto a las corporaciones legales y criminales. Un Estado diferente apostaría por fortalecerlos, no por abandonarlos, denostarlos y hacerles la guerra. Eso no sucede hasta ahora.
* Sociólogo
Twitter: @RaulRomero_mx
