istóricamente se ha hablado de la derecha y la izquierda para denominar posturas políticas e ideologías que tienen distintas concepciones de la sociedad, su desarrollo y transformación hacia mundos mejores, lo cual determina en gran medida la forma de gobierno y su relación con el pueblo. El origen de estas posturas se remonta al siglo XVIII, etapa en la que también surgen los derechos humanos como parámetro para construir condiciones dignas para todas las personas. Después de tres siglos de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, es importante visibilizar los impactos vigentes de estas ideologías y su relación con la actual crisis de derechos humanos en la región. América Latina ha tenido diversas complejidades para lograr solventar y atender las desigualdades estructurales en las sociedades, con independencia del tipo e ideología de gobierno que haya, pues cada uno ha tenido impactos diferenciados y solamente el pueblo puede juzgar las acciones de sus gobernantes.

Si bien, en los gobiernos denominados como derecha las condiciones de las personas históricamente en situaciones de vulnerabilidad se han recrudecido, tampoco se han logrado atender de manera sostenible y focalizada las necesidades y problemáticas de las víctimas en los regímenes identificados como de izquierda. En primer lugar, es pertinente definir grosso modo qué puede entenderse como la izquierda y la derecha en términos políticos, para comprender cuáles han sido y pueden ser los impactos en las sociedades y su vínculo (o no) con los derechos humanos. La derecha está vinculada a las ideas de progreso individual; mínima intervención del Estado en la economía, incrementando la participación de las empresas y la iniciativa privada, y promoviendo políticas con tintes conservadores.

La izquierda se asocia con un desarrollo comunitario, el fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones básicas para todas las personas, impulsando la participación política y popular de éstas, así como su organización colectiva. En segundo lugar, estas ideologías se vinculan de diversas formas con los derechos humanos y la prioridad que les dan a estos en sus gobiernos. Por un lado, la derecha ha tenido históricamente retrocesos en materia de derechos humanos implementando políticas que restringen o violan derechos humanos, tales como políticas de seguridad y/o económicas que permean los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Por otro lado, la izquierda ha promovido la protección y ejercicio de los derechos humanos vinculados con los servicios básicos, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y al medio ambiente, entre otros. Sin embargo, ¿esto significa que no hay violaciones a derechos humanos en la izquierda o que no se garantizan derechos humanos en la derecha? Responder a esto es más complejo que un sí y un no. Es entender las condiciones estructurales e históricas de cada país y las formas de gobierno que han intentado atender (o no) a estas problemáticas. Es entender a quiénes se va a beneficiar durante un gobierno determinado y quiénes van a vivir con los impactos de esas decisiones.

En ese sentido, en México la postura política de los últimos gobiernos ha definido en gran parte la continuación o irrupción de las estrategias de persecución política y criminalización hacia personas defensoras y periodistas; la aplicación de megaproyectos que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades indígenas; el incremento de políticas económicas, de seguridad y militarización, principalmente y con ello, la protección y el respeto de los derechos humanos. Ante el avance de posturas ideológicas extremas (principalmente identificadas de derecha), y la crisis de derechos humanos, es necesario reflexionar como sociedad civil organizada qué nombramos cómo derecha e izquierda, y cuáles podrían ser los impactos de las acciones hacia los derechos humanos.

Asimismo, analizar críticamente si la postura que se asume a nivel gubernamental corresponde con construir mejores condiciones para el pueblo o sólo a continuar con discursos populistas que no están logrando transformar estructuralmente ni atender las necesidades de la sociedad. La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos no deberían depender de la ideología del partido en turno, sino de sus obligaciones adquiridas como Estado democrático para transformar la sociedad, pues la dignidad humana no está en juego político ni electoral, sino en disputa por la construcción de mundos más justos.