Violento despojo de tierras en Yucatán
o soy esposa de Neftalí Quijano Moguel, la persona a quien más golpeó la policía, al punto de que tuvo que ser trasladado al Hospital General O’Horán, en Mérida… Él solamente quería atender a los animales que tenemos en nuestro terreno, pues de otra forma se iban a morir de hambre y sed, pero la policía le negó el acceso, lo golpeó violentamente y luego se lo llevaron sin notificarnos. Yo pregunto a las autoridades estatales y municipales: ¿ellos piensan que vamos a aceptar ser esclavos de nuevo en nuestra propia tierra?
“Ancestralmente estas tierras son nuestras, ya basta de que estemos agachados ante tanta agresión. Peleo por mis hijos y mis nietos, puede que hayan golpeado a mi esposo, pero yo voy a seguir…”, dice Antonia Trinidad Cisneros Correa, de la comunidad maya de Ixil, Yucatán.
El pasado 17 de agosto, más de 300 policías impidieron el paso y reprimieron a cientos de familias campesinas que intentaban entrar a trabajar a un predio de 324 hectáreas de tierras de cultivo de uso común. El fondo del problema es la feroz especulación inmobiliaria que se ha desatado en la península de Yucatán con la construcción del Tren Maya. Y, en este contexto, las tierras de Ixil se han convertido en objeto del deseo.
Detrás del intento de despojo de sus tierras, acusan los mayas de Ixil, están las familias Abimerhi y Millet en complicidad con autoridades municipales y estatales. Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal, explica que es la segunda vez que estas familias de empresarios pretenden quedarse con sus tierras. Fue el 4 de agosto de 2022 cuando lo intentaron por primera vez, pero el pueblo impidió el acceso de la policía.
Como no pudieron despojarnos, este año regresaron con una fuerza de invasión en toda regla, con más de 300 policías antimotines dispuestos a todo tipo de violencia para robarnos
, dijo Quijano Pool.
Tras la represión y ante la persistencia de la amenaza sobre sus tierras, los mayas de Ixil convocan a una protesta en Mérida el próximo 16 de septiembre, en la que participarán otras comunidades que defienden su territorio de intereses políticos y económicos en el estado. Nadie puede quitarles el derecho a defenderse.
