A pesar de que en 2004 finiquitó el pago de un crédito que obtuvo para el departamento que habita desde hace 33 años bajo el régimen de copropiedad en un edificio ubicado en la colonia Alfonso XIII, en Álvaro Obregón, Servando Azuara, de 74 años, aseguró que existe un cártel inmobiliario en el Instituto de Vivienda (Invi) porque para entregar las escrituras de su domicilio funcionarios de la dependencia aseguraron que expropiarán el predio.

La dependencia entregó al quejoso un oficio el 8 de agosto, con fecha del 3 de julio, en el que notifica que realizará las acciones necesarias correspondientes para determinar la expropiación, por lo que establecerá como única causa de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra, lo que el quejoso rechazó porque es un despojo de la propiedad que ya pagué, además negó haber firmado de conformidad, como se asegura en el Invi.

Él recibió el documento luego de que envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitó evitar el despojo de su propiedad, porque el Invi insiste en cambiar el régimen de copropiedad proindiviso de 20 personas por el de condominio, y luego emitir las escrituras con un costo de 12 mil y 15 mil pesos, pero que saldrían a nombre del instituto.

Acompañado por su esposa María Elena Ramírez, de 75 años, don Anselmo dijo que no es justo que me quieran quitar mi vivienda y pasarla al Invi, no hay causa justificada. No es justo volver a pagar algo que ya pagué y que demuestren que mi esposa firmó.

Recordó que los 20 copropietarios recibieron un crédito de Banobras hace más de 35 años por 40 millones de pesos, por lo que se creó el fideicomiso en Fividesu.

Frente al edificio que habita en Sassoferrato 11, hace unas semanas la Unión Popular Benito Galeana AC, que solicita vivienda a las autoridades locales, realizaba sus asambleas, y ahora vemos que la intención del Invi es despojarnos de la casa una vez que esté lista la expropiación porque ellos entrarán.

Don Servando mostró un estado de cuenta fechado el 17 de julio de este año del Fidere, con una línea de crédito del extinto Fividesu que acredita que saldó la cuenta, ya que está en cero pesos.

Refirió que de los 20 propietarios originales los que quedan son de la tercera edad y no tienen una defensa jurídica ante actos del Invi, mientras otros no han terminado de pagar y unos más ya fallecieron, por lo que los departamentos están intestados; algunos fueron traspasados, son ocupados de manera irregular y otros rentados.

El Invi negó en el documento que con dicha expropiación se pretenda despojar a alguno de los habitantes, pero Azuara refirió que el 8 de junio se realizó una reunión en sus oficinas en la que los funcionarios se negaron a firmar una minuta del encuentro, pero sí pasaron lista de asistencia, por lo que refrendó que no firmó estar de acuerdo con la expropiación.