Oaxaca, Oax., No se ha hecho justicia a tres años de que fue asesinado Tomás Martínez, luchador social de la Sierra Sur y miembro de la dirigencia estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), aseguraron integrantes de la Red Estatal de Víctimas, quienes acusaron a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGEO) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de no hacer su trabajo y perpetuar los abusos.

De acuerdo con asesores jurídicos de la Red Estatal de Víctimas, se ha detenido a tres individuos por el homicidio de Martínez, perpetrado el 24 de agosto de 2020 en el municipio de Ánimas Trujano, conurbado a la capital de Oaxaca. Uno de ellos ya fue condenado como autor material de los hechos y los otros dos aún esperan ser juzgados.

Estos dos presuntos responsables no tienen siquiera fecha definida para sus juicios. Uno de ellos ha esperado cuatro meses y el segundo dos, lo que, de acuerdo con los abogados de la Red, es prueba de la dilación que prevalece en el TSJE y de su falta de compromiso con la justicia, pues pareciera que se busca retrasar el caso lo más posible.

Analizan realizar protestas en el estado

José Álvaro Carrillo, quien es parte del FPR, acusó a la FGEO de no dar resultados, pues si bien se detuvo a uno de los autores materiales y a dos supuestos homicidas de Martínez, el caso se encuentra estancado y no se ha adelantado para dar con los autores intelectuales.

No hay respuesta en materia de justicia; en la fiscalía no avanzan las investigaciones; en el tribunal ni siquiera han puesto fecha para poder enjuiciar a los otros dos detenidos. Entonces, ¿de qué cambio nos está hablando este gobierno?, cuestionó Carrillo, quien recordó que durante su campaña, el hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se comprometió a que se haría justicia a Tomás Martínez, pero no ha cumplido con su palabra.

Carrillo advirtió que de continuar está situación, el FPR y la Red Estatal de Víctimas –que aglutina a diversos organismos sociales– contemplan realizar movilizaciones en todo el territorio estatal, pues la justicia no sólo se está negando a Martínez, sino a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo de Oaxaca.