Organizaciones a favor de los derechos de la infancia y El Poder del Consumidor llamaron a los senadores de todos los partidos a priorizar en el próximo periodo ordinario de sesiones la aprobación de las reformas a la Ley General de Educación (LGE), a fin de modificar artículos que garanticen una alimentación saludable en las escuelas.

En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, destacó que de 9 mil 381 escuelas que emitieron reportes en el ciclo escolar pasado, 98 por ciento venden comida chatarra y bebidas azucaradas, y 75 por ciento reportó venta de alimentos ultraprocesados en la zona externa al plantel.

A menos de una semana para el inicio del ciclo escolar 2023-2024, con el que regresarán a las escuelas 24.4 millones de estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, destacó que sin un cambio en las políticas públicas en la materia habrá un retraso importante en el combate a la obesidad y el sobrepeso infantil, lo que generará un grave impacto social y económico.

Explicó que a más de una década de entrar en vigor los lineamientos para prevenir el consumo de comida chatarra en las escuelas no se aplican en los hechos, pues se dejó a los padres la tarea de vigilar una alimentación sana, a través de comités escolares.

Liliana Bahena, coordinadora del programa Escuelas Saludables de El Poder del Consumidor, indicó que sólo dos de cada 10 planteles garantizan el acceso a frutas, verduras y bebederos funcionales, y en una de cada 10 se venden semillas y cereales integrales.

Mauro Brero, jefe de Nutrición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México destacó que sobrepeso y la obesidad infantil representarán una fuerte carga para la economía y el desarrollo nacional estimada en 42 billones de pesos para los siguientes 65 años.

Refirió que nuestro país tiene la oportunidad de prevenir esto con acciones de bajo costo en las escuelas, al fortalecer los lineamientos, y los programas de promoción de alimentación saludable y sostenible, ambos contemplados en la iniciativa de reforma a la LGE en materia de entornos alimentarios saludables, que se encuentra a discusión en el Senado.