La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los avances instrumentados para atender la recomendación dirigida a 14 autoridades federales –entre ellas las secretarías de Gobernación (SG), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR)– relacionada con los derechos a la justicia, la verdad y reparación de las víctimas, por las violaciones a las garantías fundamentales durante la llamada guerra sucia, cometidas por agentes del Estado entre los años 1965 y 1990.

El organismo emitió la recomendación 98VG/2023 el 18 de abril pasado y contiene 92 puntos. En ella acreditó los casos de 814 víctimas de persecución política, procesados políticos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, en ocasiones cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Respecto a la deuda quizá más sensible, la de la justicia, indicó que se ha insistido tanto con las autoridades del Archivo General de la Nación (AGN) como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a fin de identificar y rescatar la totalidad de sus archivos para abrirlos.

Agregó que también se trabaja con la FGR para la reapertura de carpetas de investigación, algunas que datan de más de 30 años y otras archivadas después del fallido intento de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp).

En un comunicado, la CNDH puntualizó que aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ha negado a aceptar la recomendación, ha manifestado imposibilidad jurídica y material para efectuar un pronunciamiento, toda vez que el reto que presupuestariamente implica el cumplimiento de las reparaciones económicas es enorme y es preciso organizarlas.

Asimismo, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) prevé asignar, y esto lo ha incluido en su proyecto de presupuesto para 2024, 68 por ciento de sus erogaciones para el cumplimiento de los compromisos de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Covedh) y de aquellos derivados de la recomendación 98VG/2023.

Mencionó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) son los únicos sujetos de la recomendación que, hasta ahora, se han negado a aceptarla.

Lo anterior, pese a que los puntos recomendatorios que los obligarían plantean viejas demandas de la comunidad estudiantil: como medida de no repetición, que se garantice la protección de datos personales, a efecto de evitar su utilización con fines de espionaje o represión por parte del Estado, y sus agentes, entre otros.

La CNDH agregó que la Universidad Nacional Autónoma de México está pendiente de aceptar la recomendación, en tanto que ya ha sido aceptada por la Sedena, la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la SG, la Covedh, la CEAV, el AGN y el CNI.