obran temas en el Brasil presidido por Lula da Silva, el que está por llegar al final del octavo mes de su tercer mandato.

La economía se recupera, la devastación de la naturaleza se redujo a niveles mínimos, el país volvió a ocupar espacio en el escenario internacional, las artes y la cultura volvieron a ascender, esto quiere decir tiempos de normalidad luego de los cuatro años del peor y más corrupto presidente de toda la historia de la República.

Pero, pese a eso, en los últimos días –y especialmente desde el pasado jueves– las atenciones se volcaron hacia las figuras del desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro y su pandilla familiar.

Llovieron nuevas y contundentes denuncias de corrupción, con datos puntuales sobre la venta de joyas –en especial relojes de alto valor– recibidas como regalo durante su mandato presidencial.

La legislación brasileña establece que regalos cuyo valor no supere 80 dólares pueden ser incorporados a los acervos personales de los mandatarios. Los que rebasen dicho valor deben ser agregados al patrimonio de la Unión. Pues Bolsonaro vendió relojes y joyas por valores todavía no confirmados, pero que fácilmente están por encima de 60 mil dólares.

En paralelo a ese escándalo, el mismo jueves surgió otro cuando el hacker Walter Delgatti admitió en el Congreso, durante audiencia de la Comisión Parlamentaria de Investigación, haber recibido pedidos directos de Bolsonaro para intentar violar las urnas electorales electrónicas, además de infiltrarse en el teléfono celular del juez Alexandre de Moraes, actual presidente del Tribunal Superior Electoral e integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de Justicia.

Delgatti, quien está preso por otros crímenes, admitió que no logró violar las urnas electrónicas y que, debido a ello, Bolsonaro le pidió que emitiera una falsa orden de detención contra el magistrado.

El denunciante es un mentiroso contumaz, argumentó Bolsonaro, y es cierto, pero ya lo era cuando fue contactado por el entonces presidente para actuar como infiltrado junto con autoridades e instituciones, como el Consejo Nacional de Justicia.

El viernes pasado, Delgatti fue interrogado por la Policía Federal y no sólo repitió las acusaciones, como reveló una grabación en la que una asesora de la diputada bolsonarista Carla Zambelli le anuncia el pago por sus servicios, de alrededor de 8 mil dólares.

Es decir que en una semana se desplegó una avalancha de denuncias contra el ultraderechista. Si ya estaba impedido, por determinación del juez Alexandre de Moraes, de participar en disputas electorales en los próximos ocho años, ahora corre el grave riesgo de ser denunciado y detenido.

Por cierto, esa expectativa se viene repitiendo desde hace rato; sin embargo, ahora hay indicios de que el cerco alrededor del ex mandatario se cierra cada vez más y con una velocidad creciente.

¿Cuáles indicios? Bueno, fueron aprehendidos los celulares de Federico Wassef, uno de sus abogados, quien ya confesó haber ido a Estados Unidos a comprar un reloj que había sido vendido por Mauro Cid, el coronel que fue el asesor más cercano a Bolsonaro.

Ese reloj había sido un presente de Arabia Saudita y lo compró para que fuera posible obedecer una determinación del Tribunal de Cuentas de la Unión, en el sentido de incorporarlo al patrimonio público, tal como dice la ley.

Es inmensa la expectativa de los investigadores respecto al contenido de los aparatos, especialmente de uno que sólo era usado para que Wassef hablara con Bolsonaro.

Por lo que se ve, Lula seguirá avanzando en su gobierno. No obstante, el desequilibrado ultraderechista se mantendrá como centro de atención.