Representantes de 78 familias desalojadas el 17 de octubre de 2022 de un conjunto habitacional del Instituto de Vivienda (Invi) ubicado en Oyamel 414 y calzada San Simón, colonia Atlampa, aseguran que empezaron el proceso de adquisición de los departamentos de forma legal hace cuatro años, con un funcionario del organismo llamado Erick Rodríguez Chávez al que hicieron un primer pago de 120 mil pesos.

Unas 30 familias que el pasado viernes bloquearon avenida Insurgentes para pedir al gobierno que las atienda, viven en condiciones precarias en un campamento junto al inmueble, en cuartos construidos con tarimas que colectaron de las fábricas y bodegas de la zona, lonas, láminas y muebles que vecinos donaron porque no les permitieron sacar sus pertenencias de los departamentos.

La Fiscalía General de Justicia desalojó las viviendas con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras una denuncia promovida por el Invi, de la que tuvieron conocimiento justo cuando fueron sacados, asegura Carmen Méndez, quien es parte de la directiva de la asociación Vida Digna de Atlampa, constituida en 2021 para gestionar la escrituración.

Entonces promovieron un amparo contra la orden de aseguramiento y aunque obtuvieron la suspensión provisional, fue sobreseído. El 7 de marzo se admitió un recurso de revisión y el 4 de mayo se confirmó el sobreseimiento, lo que nos dejó en estado de indefensión.

Señaló que hay irregularidades como que en la denuncia no se señaló a alguien como responsable de un supuesto acto de despojo.

Explicó que el 25 de octubre de 2018 suscribieron un contrato de promesa de compraventa con Rodríguez, donde se estableció un precio de 350 mil pesos por departamento. Entregaron cada uno 150 mil pesos con el acuerdo de dar el resto a la firma de la escritura.

Dijo que nunca desconfiaron de alguna posible irregularidad porque esa misma persona entregó otros departamentos en la misma colonia e incluso los ayudó a contratar el servicio de la Comisión Federal de Electricidad una vez que les entregó las llaves, y exhibió un recibo domiciliado en uno de los departamentos a nombre de una de las personas desalojadas.

Entre las familias que viven en el campamento destaca Maribel Caballero, ya que tiene cuatro hijos –de 7, 10, 12 y 13 años– que duermen sobre una cama improvisada también con tarimas y colchas.