A diez días de que empiece el ciclo escolar es prácticamente imposible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las controversias constitucionales promovidas contra los libros de texto gratuitos, por lo que los alumnos de Chihuahua y Coahuila, estados donde se ordenó suspender su entrega, regresarán a clases el próximo día 28 sin tener estos materiales didácticos con los cuales trabajar.

Además, el máximo tribunal también tiene pendiente decidir si atrae o no el amparo 784/2023 que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia, un juicio por el que también se dictó una suspensión que impide la distribución de los libros.

Chihuahua fue el primer gobierno estatal en presentar su queja ante la SCJN y tocó en turno que Luis María Aguilar analizara el caso. El ministro admitió la controversia a trámite y fijó un plazo de 30 días hábiles, que se cumple a principios de septiembre, para que las autoridades demandadas contesten por escrito con sus argumentos de descargo.

Aguilar también otorgó la suspensión, por lo que los libros no podrán repartirse en esa entidad hasta que la SCJN resuelva el fondo de este juicio constitucional.

Apenas el miércoles pasado el gobierno de Coahuila hizo lo propio, aunque esta controversia aún no ha sido admitida a trámite, pero se espera que la SCJN la acumule a la de Chihuahua. De forma que, por tratarse del mismo tema, el asunto será encargado también al ministro Aguilar, quien probablemente la admitirá y concederá la suspensión.

Aunque existe la posibilidad de que la SCJN dé atención prioritaria a un tema, esto ocurre de manera excepcional y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, según marca la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

Esta solicitud sólo puede ser promovida por el Presidente de la República o por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Pero hasta el momento ninguna de estas instancias ha pedido a la SCJN que dé prioridad a la resolución de este litigio.