ste domingo 20 se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. De acuerdo con los últimos sondeos de opinión, el candidato de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, arrasará en el balotaje con 60 por ciento de los votos frente a su contrincante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien se quedaría con 30 por ciento.
Las perspectivas de triunfo del político socialdemócrata han llevado a la oligarquía local a un cierre de filas hasta hace poco inconcebible en torno a Torres, ex primera dama que aspira por tercera vez a la presidencia y nominalmente se adscribe a la centroizquierda. Este viraje ha sido notorio entre el estamento castrense, cuya mayor organización de veteranos organizó un evento para expresarle su respaldo después de haberla atacado de manera virulenta en los dos comicios anteriores. Ahora el club militar denunció a Arévalo como una amenaza para la democracia y las familias de la nación, y Torres, lejos de desmarcarse de estos discursos cavernarios, se sumó al coro de la ultraderecha con señalamientos de que el diplomático emprenderá un programa comunista
en el que se incluye disolver las fuerzas armadas, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y expropiar la propiedad privada. Nada de esto se encuentra en la plataforma de campaña de Arévalo.
En un contexto normal, la amplia mayoría de que goza Movimiento Semilla brindaría certidumbre sobre el desenlace del proceso electoral y sería un faro de esperanza para los millones de guatemaltecos hartos de un régimen oligárquico en el que la alternancia se ha limitado a un mero cambio de siglas entre los miembros de una clase política unida por lazos políticos, familiares, de negocios y de complicidad en el saqueo sistemático del país. Lejos de ese escenario ideal, la nación centroamericana llega a las urnas envuelta en el desasosiego ante la fundada posibilidad de que la casta dominante recurra al fraude e, incluso, de no prosperar éste, se decante por el camino de la violencia para conservar sus privilegios y garantizarse impunidad.
Debe recordarse que, tras la sorpresiva victoria de Arévalo en la primera vuelta, el gobierno ultraderechista de Alejandro Giammattei ya puso en práctica todas las trapacerías a su alcance para impedirle presentarse al balotaje: en un uso de manual del lawfare (la conversión del sistema judicial en un arma política), se intentó retirar la personalidad jurídica a Semilla, algo expresamente prohibido una vez que comienzan las elecciones; el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue allanado en dos ocasiones, y tanto el TSE como las oficinas de Semilla sufrieron robos de documentos. El alineamiento de los militares veteranos con Torres representa un motivo adicional de inquietud, pues entre ellos se encuentran elementos que estaban activos durante la guerra civil (1960-1996), en el contexto de la cual se perpetró un genocidio contra comunidades indígenas.
Cabe esperar que la comunidad internacional siga con atención el desarrollo de los acontecimientos en Guatemala. En particular, la opinión pública mexicana debe mantenerse informada y colocarse de manera inequívoca del lado de la democracia, pues una alteración de la voluntad popular en el país vecino del sur traería consecuencias indeseables en ambos lados de la frontera.
