El actual fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, termina su mandato a finales de este año y será relevado por alguna de las tres penalistas propuestas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, quien hasta apenas este lunes 31 de julio fue investigadora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa; Amparo Cerón, que lideró la averiguación del caso Odebrecht en su país, y Amelia Pérez, que procesó varios de los juicios emblemáticos de los crímenes del paramilitarismo en los años 90.

Las tres abogadas, expresó Petro en redes sociales, tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia.

Este cambio supondría un radical vuelco en la cabeza de la Fiscalía General, ya que Barbosa es señalado como hombre muy cercano al ex presidente Álvaro Uribe y de haber asegurado el estancamiento de la investigación y el proceso penal que se le sigue al ex mandatario y líder del derechista Centro Democrático por su responsabilidad en cuatro masacres cometidas en su estado, Antioquia, en 1996 y 1997, cuando era gobernador, y por el asesinato del abogado que defendía a las víctimas de esos casos, Jesús María Valle.

Ángela Buitrago, doctora en ciencias criminológicas, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fue fiscal investigadora del caso de la quema del Palacio de Justicia en Bogotá ocurrido en 1985, que fue reabierto en 2005. Logró el encarcelamiento de casi todos los perpetradores y la identificación de varios desaparecidos por la fuerza pública que no estaban registrados como víctimas. El lunes de esta semana salió de México en medio del reconocimiento y agradecimiento de las familias de los normalistas de Ayotzinapa y del movimiento de derechos humanos del país. También forma parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua formado por la Organización de Naciones Unidas.

Otra de las propuestas es Amparo Cerón, actualmente fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y responsable hasta marzo de este año de las investigaciones del caso Odebrecht.

Por último, figura en el trío de candidatas Amelia Pérez, actualmente en el exilio en Canadá debido a las investigaciones contra los paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño y militares de alto nivel en numerosos casos de desaparición forzada y masacres.