Santiago. Cinco meses después de que la oposición rechazó una reforma tributaria para financiar gasto social comprometido en su programa de gobierno, el presidente chileno, Gabriel Boric, propuso un pacto fiscal para el desarrollo, cuya aprobación dependerá de nuevo de la mayoría derechista en el Parlamento, en momentos en que el clima político se deterioró a tan bajo nivel que prevalecen la descalificación, la mentira y el insulto.

El plan incluye 20 medidas de modernización del Estado, 38 para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento; un proyecto tributario contra la evasión y elusión, y otro con incentivos para la formalización económica y con beneficios para la clase media; todo para contar con 8 mil millones de dólares destinados a seguridad ciudadana, protección social, elevar las pensiones básicas y financiar 200 mil cirugías y más de dos millones de consultas médicas en listas de espera.

Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por los sectores de más ingresos para financiar gastos sociales urgentes, los que por su magnitud no pueden absorbidos con los recursos disponibles, dijo Boric.

A reglón seguido pareció reconocer las dificultades que se avecinan, pues anticipó: vamos a dedicar nuestro tiempo y esfuerzos para afinar el contenido de esta propuesta, a fin de iniciar a corto plazo una discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad, elevar la calidad del gasto, así como también para fortalecer la fiscalización tributaria. En materia impositiva, el presidente propuso una reforma de la tributación a la renta para empresas y personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos.

Pero la derecha se niega rotundamente a subir impuestos a los más ricos, e insiste en que se revise la calidad y eficiencia del gasto público porque, asegura, hay malos programas, derroche y corrupción.

El plan se presenta cuando el clima político en Chile está deteriorado, no sólo entre gobierno y oposición, sino también entre las dos coaliciones que soportan el gobierno de Boric –Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) y Socialismo Democrático (partidos por la Democracia y Socialista)–, a raíz de un escándalo de financiamientos irregulares con dineros fiscales a fundaciones vinculadas a Revolución Democrática, integrante del Frente Amplio.

La derecha aprovecha el caso para golpear sin piedad a la administración y en especial al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, amigo y camarada de carrera política de Boric, reclamando la renuncia de aquel, al responsabilizarlo de las anomalías investigadas judicialmente.

Pero el fuego amigo es peor: dos senadores del PS, Fidel Espinoza y Juan Luis Castro, se unieron a la ofensiva derechista, el primero afirma que Jackson lidera una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor, y el segundo señala: me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno.