El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe de Jesús Gallo, advirtió en el Senado que es urgente avanzar en una legislación que prevenga y sancione los ataques cibernéticos, ya que esos delitos van al alza en México y el mundo y la mayoría de las veces quedan impunes.

Expuso que la FGR se compromete a preparar una propuesta de ley de ciberseguridad, que incluiría un registro único de usuarios de telefonía móvil, sin datos biométricos, que se emplearía sólo para investigar delitos de alto impacto.

Al participar en el foro El futuro de la tecnología en procesos penales, organizado por las comisiones de Justicia y de Estudios legislativos Segunda, que presiden Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino, el funcionario recalcó que se trata de un problema grave, ya que numerosos mexicanos han sido víctimas de extorsión, robo de identidad y otros ilícitos mediante plataformas digitales.

Reveló que incluso en Facebook hay un perfil falso del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. Ya sabemos dónde fue creado, y no fue en México.

El titular de la AIC insistió en que nadie está exento de ser vulnerado en su persona o patrimonio con la actual legislación, sobre todo en un país líder en el uso de redes sociales, con 130 millones de usuarios de telefonía móvil y 97millones en Facebook. En esa coyuntura, lamentó, la procuración de justicia ha quedado rezagada frente a la delincuencia organizada en el uso de nuevas tecnologías.

La ciberdelincuencia representa, recalcó, una tercera economía mundial, después de Estados Unidos y China, lo que obliga a definir tipos penales y crear una nueva legislación en la materia.

Planteó a los senadores tres reformas: un código penal homologado en todo el territorio, abrir los datos tanto de tráfico y como conservados de los usuarios de telefonía móvil. Explicó que es necesaria la regulación y registro de chips, pero aclaró que no se refiere al proyecto fallido de un registro con datos biométricos.

Yo no quisiera llegar a tanto, sólo a lo básico de las personas que tengan acceso a un sistema de telefonía móvil y cuando menos se identifiquen plenamente para poderlo adquirir y se cuente con ese registro para temas de investigación.

A los datos de tráfico y contenido se tendría que tener acceso por medio de control judicial, precisó, pero que los datos de registro para temas de investigación judicial no los bloqueen, ¡por favor!, porque el tiempo es oro en un secuestro, en un ataque. Ejemplificó: Omitiré el nombre, pero hubo una periodista amenazada en público por un cártel, y ya tengo la zona, pero no tengo la IP exacta de dónde está el delincuente.

Sánchez Cordero respondió que están dispuestos a construir los ajustes que hagan falta para que las instituciones del Estado estén en condiciones tecnológicas de enfrentar a estas organizaciones delincuenciales.