partir de 1980, con la globalización neoliberal el empleo pierde derechos y beneficios. Pretenden aniquilar el trabajo de por vida que garantiza ingresos regulares y retiro digno. Se impulsa una flexibilización que impacta las arcas de la seguridad social, como la terciarización (hasta la reforma de 01/09/21) y los contratos patronales con sindicatos fantasmas.

Internet cambió la vida de las personas, la producción y el orbe laboral. La cuarta revolución industrial migró del uso de voz a la 5G, con inteligencias artificiales que inciden sobre el trabajo. En estudios sobre los efectos de la revolución digital persiste especulaciones por la desaparición de empleos y la aparición de muchos otros. Se aguarda que broten adaptaciones orientadas a la inserción/reinserción de los trabajadores en nuevos puestos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con empresas/organizaciones sindicales, podría detonar un programa de capacitación y recapacitación.

El empleo en telecomunicaciones/TIC generó call centers, iniciando con voz y evolucionando a centros de contacto con correo electrónico, videollamadas y redes sociales: servicios de atención al cliente. Por su naturaleza precaria, la salud laboral comprometida y los incumplimientos en seguridad social y pensiones, estos empleos demandan atención e inspección de la Secretaría del Trabajo e instituciones de seguridad social, las cuales podrían activar un programa de inspección y revisión de condiciones seguridad y salud laboral.

La economía colaborativa con empresas, a través de plataformas, violenta las relaciones laborales al no reconocer la relación de trabajo evadiendo la seguridad social al llamarlos socios. Son trasnacionales en paraísos fiscales para cerrar el círculo de evasión, tomando datos de clientes para alimentar el trabajo fantasma, sin pagar. Con independencia del grupo OCDE, que atiende su fiscalidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría fijar un impuesto transitorio a las empresas, mientras el Poder Ejecutivo ingresa una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, creando el capítulo especial que rija esa economía colaborativa, reconociendo su relación laboral, al tiempo que las instituciones de seguridad social Trabajo/Hacienda vigilan de la nueva figura.

Las inteligencias artificiales y el chat GPT conllevan riesgos de pérdida de empleos por sustituir actividades –hoy humanas–, además de su mal uso, sin que se dispongan aún regulaciones específicas. Como ocurre en la Unión Europea, debe diseñarse una regulación que englobe una iniciativa de ley integral digital, con ciberseguridad, servicios, mercados, derechos de los ciudadanos, protección a menores y protección a la salud. Debe acompañarse de un gabinete intersecretarial digital.

El covid-19 dilató el teletrabajo a labores administrativas/digitalizadas/automatizadas. Urge que la Secretaría del Trabajo, con instituciones de seguridad social, dé seguimiento al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y el nuevo capítulo XX-bis, así como a la NOM-037 que regulará (diciembre 2023) sus condiciones de seguridad y salud.

Al modificar el empleo, el avance tecnológico genera tecnopadecimientos (síndrome de burnout) que ya prevén legislaciones nacionales. Para ellos hay NOM-035, hasta la fecha letra muerta. La Secretaría del Trabajo e instituciones de seguridad social deben forzar su cumplimiento.

Se multiplican los sistemas de gestión algorítmica que incrementan la producción modificando procesos de trabajo, empleando esquemas de supervisión extrema, vigilancia constante y retroalimentación en tiempo real. La Secretaría del Trabajo debe atenderlo con un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo que regule las relaciones mientras instituciones de seguridad social efectúan los estudios de caso para prevenir/atender y sancionar sus riesgos.

Con la evolución tecnológica persiste la informalidad en el empleo para 32 millones de trabajadores freelancers/pago por honorarios con esquemas leoninos de contratación. La Secretaría del Trabajo, instituciones de seguridad social, sindicatos, organizaciones empresariales y ciudadanía deben considerar que la precarización por tercerización y los contratos patronales con sindicatos fantasmas son enfrentables fortaleciendo la inspección y estableciendo programas conjuntos (SHCP/SAT/IMSS) de cumplimiento normativo/auditoría, así como profundizando el nuevo modelo de justicia laboral de la reforma LFT-2019. Tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como la Secretaría del Trabajo deben robustecerse para cumplir la ley y recuperar soberanía.

El avance de la evolución tecnológica demanda transitar del vocablo economías hacia el de economías digitales, el cual es indispensable para competir igualitariamente. México debe impulsar una política digital de estado transversal que acorte la brecha e integre telecomunicaciones, radiodifusión, TIC, investigación/desarrollo tecnológico, ciencia, tecnología, innovación y pensamiento crítico. Debe integrarse –transexenalmente– al Plan Nacional de Desarrollo 2024-30 (por 25 años) con programas de conectividad, infraestructura y banda ancha, haciendo así operables la telemedicina y la educación digital.

Frente a la incertidumbre que despierta la era digital, las secretarías del Trabajo y la de Economía podrían coordinar un estudio de impacto en el empleo por rama de industria, complementando una nueva política industrial. Así que México requiere una política de Estado digital integral, modificando el modelo educativo con instrucción dual (aula/práctica) y que los legisladores dejen de parchar leyes.

UAM-X