Morena en la Cámara de Diputados propuso tipificar como violencia institucional las omisiones de funcionarios que deriven en un obstáculo a la justicia en casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres.

La propuesta señala que, cuando el Ministerio Público Federal o de los estados integra carpetas de investigación, en 50.8 por ciento de los casos no hay resultados o no se investiga, y sólo 2.1 por ciento deriva en reparación del daño a las víctimas.

En la iniciativa, que se envió a comisiones, se refiere que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se resalta que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna experiencia de violencia en al menos una ocasión a lo largo de su vida.

Mientras el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados ha registrado que durante los siete años recientes se incrementó hasta en 137 por ciento el número de presuntos feminicidios, y que se han realizado más de 350 mil llamadas al 911 por temas de violencia familiar.

También cita que, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del Inegi, en el país solamente 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, cifra que tiene una correlación con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, debido a que la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de solamente 1.3 por ciento.

La iniciativa del coordina-dor de la bancada, Ignacio Mier, y de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Kristal Vences, recuerda que el Inegi ha resaltado que los delitos relacionados con amenazas verbales, violencia sexual o lesiones son algunos de los principales hechos en los que no existe una denuncia o no se inicia carpeta de investigación.

A esto se añade, indican, el fenómeno de violencia institucional que padecen las mujeres, que implica violaciones al principio de debida diligencia en su favor y que la inacción de las autoridades vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño.