Miami. Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron ayer una demanda federal para impugnar la nueva ley de migración de Florida, nombrada SB 1718.

El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council, interpusieron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody, y el fiscal estatal Nicholas B. Cox a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.

La iniciativa que el republicano DeSantis promulgó en mayo refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente.

También expande los requerimientos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.

Otras disposiciones requieren que los hospitales que aceptan el seguro de salud Medicaid incluyan una pregunta sobre la nacionalidad en las formas para el ingreso.

La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de personas que podrían haber ingresado al país en forma ilícita y que desde entonces no han sido inspeccionados por el gobierno federal.

La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule de forma unilateral la migración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por Florida del término inspección no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.

DeSantis lanzó en mayo su campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2024, promoviendo su postura estricta contra la inmigración ilegal.

El gobernador ha ordenado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Florida hacia Texas para labores de seguridad fronteriza, y ordenó al estado cubrir el costo de los vuelos alquilados que llevaron a migrantes desde Texas hacia otras partes del país.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato el lunes a un mensaje en el que se le solicitaban sus comentarios sobre la demanda.

Un portavoz de la oficina de DeSantis ha dicho previamente que la nueva ley se enfoca en la migración ilegal, y no en aquellos que están legalmente en Estados Unidos.