Puebla, Pue., Organizaciones sociales condenaron la ilegal detención de Alejandro Torres Chocólatl y advirtieron que se trató de una acción del Estado para amedrentar a los movimientos y activistas que defienden sus territorios del embate de empresas que buscan explotar los recursos naturales de los pueblos.

Torres Chocólatl, comunicador e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierras y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, contó detalladamente la manera en que fue detenido el pasado viernes. Aseguró que se trato de un secuestro la actuación de los cuatro agentes de la Policía Ministerial y del resto de las autoridades que lo privaron de la libertad en la Casa de Justicia de Cholula.

Acusó, en rueda de prensa, que ni siquiera le mostraron una orden de aprehensión y pretendían liberarlo de manera extraoficial en un puente del Anillo Periférico de Puebla e incluso le dijeron que lo llevarían a su casa.

El luchador social estuvo acompañado por representantes de organizaciones civiles, que demandaron un diálogo abierto y sin presiones con el gobierno de Puebla, que encabeza Sergio Salomón Céspedes.

Tonatiuh Sarabia, abogado de Torres Chocólatl, anunció que pedirá la extinción de la causa penal contra el ambientalista; explicó que enfrenta acusaciones por los mismos hechos que en su momento se imputaron a su compañero Miguel López Vega (ataques a las vías de comunicación, obstrucción de obras y daño en propiedad ajena), de los cuales este último fue encontrado inocente.

El litigante y líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes calificó de peculiar la retención del activista y aseveró que se trató más bien de un acto político.

Presente en la conferencia, José Luis García Bello, integrante de la Asamblea Social del Agua, advirtió que la responsabilidad del acoso a Torres Chocólatl y a los pueblos que han defendido el derecho al líquido frente a empresas como Bonafont no sólo es del gobierno de Puebla, sino también de los poderes Legislativo y Judicial.

García Bello precisó que no se puede desvincular la irregular detención de Torres Chocólatl de otros sucesos acontecidos el fin de semana, como la intimidación al dirigente de la UPVA, Rubén Sarabia Sánchez, y el desalojo de personas que protestaban contra la verificación vehicular, del nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como titular de la subsecretaría de Gobernación estatal.

Vargas Fosado fue jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva en 2006, durante la represión en San Salvador Atenco, estado de México.