El juez de control Genaro Gerardo Alarcón rechazó de manera tajante un recurso de la defensa para analizar si ya prescribieron los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa imputados por el caso Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicano (Pemex) Emilio Lozoya Austin y a su madre, Gilda Margarita Austin.

Para presentar su recurso, los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda pidieron una audiencia urgente, que fue desahogada ayer en las instalaciones judiciales del Reclusorio Norte.

Al final de la diligencia, los defensores de Lozoya anunciaron que promoverán un amparo a fin de que se revise la resolución del juzgador y la posible prescripción de los delitos.

La audiencia duró poco más de hora y media. El juzgador escuchó vía remota a los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex. Todos ellos señalaron que era improcedente la petición de los defensores.

Alarcón consideró válidos los argumentos de los representantes institucionales y desechó el recurso. Tampoco aceptó una solicitud de revisión de los abogados de Lozoya.

La defensa señaló que el Código Penal Federal permite analizar en cualquier etapa del proceso la posible prescripción de un delito y por lo tanto lo consideraban procedente.

Ontiveros y Rojas buscaban que el juez analizara a fondo que no hubo la denuncia necesaria en tiempo para imputar los ilícitos a su cliente.

El juez respondió que tanto Lozoya como su madre ya no están a su disposición en el caso Odebrecht y podrán hacer el planteamiento cuando se inicie la etapa de juicio. Sin embargo, al comenzar éste, el ex director de Pemex no tendrá posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio ni acceder al criterio de oportunidad, beneficios que derivarían en el retiro de los cargos contra él, su madre, su hermana Gilda Susana y su esposa Helene Heckes.

El proceso se basa en la acusación de que Lozoya recibió más de 7 millones de dólares en sobornos para beneficiar con obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht.

Durante la diligencia, los defensores intentaron argumentar que no han tenido contacto con las autoridades para firmar el acuerdo reparatorio, pero el juez les dijo que ese no era tema de la audiencia y que se ciñeran a su petición para esa diligencia.

El impartidor de justicia sólo aceptó conocer las pretensiones y el sustento jurídico con el cual la defensa consideraba que era válido revisar la prescripción. Advirtió a los abogados de Lozoya que no debían argumentar sobre el fondo –la prescripción y los datos de prueba– ni comentar información del caso Agronitrogenados, origen de la otra acusación contra el ex funcionario.