Cualquier reforma a la ley minera que no establezca la prohibición y cierre planificado de esta actividad en el país, acompañada por la reparación de daños que ha ocasionado por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de lugares del territorio nacional, es una simulación que seguirá legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo, advirtió la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Indicó que no se apuesta por nivelar jurídicamente las condiciones entre los pueblos con las empresas para hacer así de la minería un negocio mejor administrado o más justo, sino que se busca fortalecer la autodeterminación de las comunidades para que tengan la información sobre los impactos a corto y largo plazos que conlleva esta actividad, y ejerzan sus derechos colectivos para no convertirse en una zona de sacrificio.

En un comunicado, la organización señaló que los cambios legales a la actividad minera no resuelven el grave problema de la devastación en los territorios por el modelo extractivo que aceleró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tampoco resuelve el despojo, el desplazamiento forzado, los daños a la salud de la población, así como la militarización y la violencia del crimen organizado, entre muchas otras causas de colapso territorial que muchas comunidades enfrentan en una guerra sin cuartel, donde estos proyectos de muerte se instalan de manera impune.

Expresó su preocupación por la participación de organizaciones sociales y que esto pueda terminar legitimando la continuidad y expansión del modelo extractivo, aun cuando no se considere preferente y con la consulta en mano, reposicionando la actividad minera. Agregó que la consulta a las comunidades no es suficiente, se requiere el respeto a las decisiones.