l menos 38 hombres murieron y otros 30 están hospitalizados, varios de ellos en condición crítica, por un incendio la noche del lunes en el área de alojamiento de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se sabe que las mujeres se hallaban en un ala aislada de la zona del siniestro, por lo que fueron desalojadas sin percances. Los primeros peritajes efectuados por la Fiscalía General de la República y autoridades del estado apuntan a que la conflagración fue provocada por los propios migrantes al prender fuego a colchonetas como medida de protesta porque se les hizo pasar todo el día sin agua. Testigos denunciaron que la cantidad de muertos y heridos pudo haber sido empeorada porque personal del centro migratorio mantuvo encerrados a los hombres pese al incendio.

El INM afirmó que las víctimas y quienes resultaron ilesos se hallaban alojados en las instalaciones, pero todos los indicios apuntan a que en los hechos la estancia provisional operaba como prisión, a la cual los migrantes eran llevados contra su voluntad y donde eran encerrados bajo llave. Esta situación es incompatible con la postura del gobierno mexicano respecto de que migrar no es delito; en consecuencia, no se puede detener a alguien por el simple hecho de estar en tránsito. En esta concepción y bajo nuestras leyes, la tarea del INM no radica en perseguir o recluir a las personas migrantes, sino en garantizar su seguridad y la vigencia de sus derechos humanos a su paso por nuestro país.

Es probable que la tragedia también se haya agravado porque el mismo lunes por la tarde el INM llevó a cabo un operativo para retirar a los extranjeros que pedían dinero o vendían artículos en los semáforos de la urbe fronteriza. Funcionarios que participaron en la acción señalaron que la dependencia no suele realizar intervenciones de ese tipo, pero en este caso se actuó a petición directa del gobierno municipal encabezado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar. Asimismo, se sostuvo que la finalidad del operativo solicitado por la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravos era rescatar a los menores en situación de calle, darles alimentos, atención médica y albergue para pernoctar. Sin embargo, resalta que la detención de adultos extranjeros se suscitó dos semanas después de que Pérez Cuéllar anunció un endurecimiento de la política local hacia los migrantes, con el argumento de que no hay justificación para molestar a los juarenses en los cruceros ni para dañar la economía de la ciudad, y al respecto solicitaremos el apoyo de las demás autoridades.

Además de todas las indagatorias que exi-gen estos trágicos sucesos, es necesario averiguar si entre las víctimas había hombres arrestados bajo esta lógica de criminalización de la pobreza, propia de administraciones derechistas y en todo punto fuera de lugar en un gobierno formalmente adscrito a la Cuarta Transformación. Si es intolerable que la gente muera de manera violenta en una penitenciaría, donde se supone que se reconduce a los presos a la senda de la legalidad y se les facilitan las herramientas para reinsertarse con éxito a la sociedad, resulta doblemente inadmisible que ocurra en un centro de detención migratoria, donde los internos no son delincuentes y donde las autoridades tienen la tarea primordial de salvaguardar su integridad, incluso cuando –como pudo haber sucedido– cometen actos imprudentes que la ponen en riesgo. No debe obviarse que esta tragedia tiene como telón de fondo la inhumanidad del gobierno estadunidense, el cual expulsa masivamente a quienes buscan ingresar en su territorio, y que México se encuentra atrapado en una situación que no generó ni buscó; por el contrario, ha buscado atenuarla mediante la extensión de los programas sociales Sembrando vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a países centroamericanos expulsores de población, con el propósito de arraigar a la gente a sus lugares de origen.

Con todo y estas circunstancias, es imperativo que el INM sea sometido a una revisión y a una moralización a fondo, armonizarlo con los propósitos oficiales en materia de migración y despojarlo del carácter policial y represivo que aún mantiene. No puede permitirse que este organismo, del cual dependen cientos de miles de vidas, permanezca sin acusar recibo de los cambios en la orientación general del gobierno. En lo inmediato, es urgente e impostergable auxiliar sin regateos a los sobrevivientes y a las familias de los fallecidos, procurar e impartir justicia sin importar cargos y niveles, resarcir el daño y garantizar que una tragedia como la de Ciudad Juárez no vuelva a repetirse nunca.