El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y su familia viven en una situación al límite porque el gobierno no ha cumplido con la firma de un acuerdo reparatorio y el otorgamiento del criterio de oportunidad, a pesar que el ex funcionario entregó información útil para perseguir a varios de los actores que recibieron sobornos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y los datos han sido ratificados por múltiples testigos, afirmó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

El defensor de Lozoya expuso en entrevista que ahora vislumbra dos escenarios: “o el Estado mexicano cumple y concede a Emilio y a las mujeres el criterio de oportunidad, o va a juicio –junto a su madre, hermana y esposa– y entonces se le condena a cadena perpetua.

“Emilio tiene 45 años de edad. Si a eso le sumas las penas que ya pidieron en su contra las autoridades, entonces saldría de prisión cerca de los 90 años, mientras su madre, delicada de salud, que tiene casi 80 años, terminaría su vida en prisión domiciliaria. Su hermana y esposa, es cierto, vivirían sus últimos años en libertad, con base en algún beneficio penitenciario.

Creemos que es la voluntad común de las partes la firma del acuerdo reparatorio, el pago y la suspensión de procesos contra Lozoya y las mujeres de su familia. “Y es que todas ellas están siendo –creemos que injustamente–, perseguidas, encontrándose toda la familia frente a una presión que es difícil de soportar”, señaló.

El acuerdo para el pago de reparación del daño estuvo a punto de concretarse en abril de 2022, pero aún no se consolida un año después, a pesar de que el gobierno, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios, ha señalado su voluntad de hacerlo, indicó el abogado.

El pasado 4 de enero López Obra­dor declaró durante su conferencia matutina: Si el señor Lozoya y sus abogados están dispuestos a la reparación de daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. Pero se tiene que reparar el daño. Nosotros estamos de acuerdo, porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país.

En todos los juicios por corrupción se exige que se repare el daño. Eso es lo primero. Eso es lo importante: devolver al pueblo lo robado, precisó el mandatario.

Freno a última hora

Ontiveros Alonso recordó que “estando a punto de firmar los acuerdos frente al juez, el 11 de abril de 2022, se recibió una instrucción superior para suspender la firma. Desde ese entonces, hasta ahora, hemos intentado saber qué es lo que pasa, pero sólo hemos obtenido silencio institucional.

“A pesar de ello, Emilio ha seguido colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR), aportando datos de prueba –incluso desde la cárcel– y confirmando su firme voluntad de pagar lo que las instituciones señalen.”

El abogado agregó que el consejo de administración de Pemex aprobó el acuerdo en forma unánime el 8 de marzo de 2022 y junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fijó el monto de reparación del daño.

De acuerdo con las constancias exhibidas durante las audiencias ante jueces federales, por los dos casos en que se acusa a Lozoya de haber recibido sobornos, Pemex y la UIF han establecido un monto reparatorio de 10.7 millones de dólares: 7.3 millones por el caso Odebrecht y 3.4 millones por el caso Agronitrogenados, es decir, más de 200 millones de pesos.

Pero la razón por la cual no se han firmado los acuerdos no parece ser ni técnica, ni económica, ni jurídica, subrayó Ontiveros Alonso.

Dijo que desde que Lozoya solicitó por escrito al fiscal Alejandro Gertz Manero acceder a un criterio de oportunidad para él y las tres mujeres de su familia actualmente perseguidas, manifestó su plena confianza en el sistema penal mexicano y sus instituciones y eso no ha cambiado.

El defensor de Lozoya refirió que nada se sabe aún de las pesquisas contra el ex presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Dijo que ambos ex funcionarios pueden ir a juicio a través de un modelo de imputación penal, sustentado en un aparato organizado de poder.

Explicó que se trata de casos en los que un líder, quien domina la organización, controla todo el proceso delictivo sin que sea necesaria su presencia en el momento de la comisión del hecho delictivo. Según la denuncia de Lozoya, ese líder es Peña y el ilícito es el reparto de sobornos a senadores.

“Esta postura se basa en cuatro pilares: el poder de mando ejercido por el hoy ex presidente de ­México; haberse apartado del derecho, como lo evidencia haber generado condiciones para sobornar a legisladores; la fungibilidad de los actores, conforme a la cual cualquier operador suyo [de Peña ] habría ejecutado la acción ordenada debido a la influencia del ex presidente en el marco de toda su organización, y la predisposición a la realización del hecho.

Esto fue lo que sucedió, según Emilio Lozoya, en el sexenio pasado: el líder de la organización delictiva incrustada en el gobierno de la República se apartó radicalmente del Estado de derecho y en coautoría funcional con quien era el cerebro de la organización, el secretario de Hacienda, instrumentó a diversos operadores fungibles [es decir, que, si se oponían, eran desechados y se designaba a otros], de cara a corromper a actores políticos sin cuestionar las órdenes del líder, es decir, del ex presidente Peña.

Ontiveros Alonso mencionó que el modelo de imputación penal, sustentado en un aparato organizado de poder, se ha aplicado con éxito en casos relevantes en el mundo, como los asesinatos masivos cometidos por Adolf Eichmann en la Alemania nazi, las desapariciones, secuestros y homicidios imputados a Alberto Fujimori en Perú o los 69 homicidios atribuidos al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.