El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará mañana, y entre los puntos incluidos en el orden del día se encuentran algunos relacionados con la adecuación del organismo al plan B de la reforma electoral.

El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la segunda controversia constitucional interpuesta por el INE, y el ministro instructor, Javier Laynez, concedió la suspensión de los artículos impugnados.

Hasta anoche, el INE no había fijado una posición oficial sobre la determinación de la Corte, en particular de lo que ocurrirá con los trabajos iniciados este mes hacia su restructuración. Según los documentos circulados horas antes de conocerse la suspensión, se pondrá a consideración del consejo general, entre otras acciones, una instrucción a la dirección ejecutiva de administración para actualizar el catálogo de la rama administrativa del órgano electoral.

Además, se presentaría al consejo un proyecto rumbo al redimensionamiento y compactación de las unidades administrativas y ajustes al Órgano Interno de Control.

Algunos consejeros han hecho sutiles manifestaciones sobre la suspensión, mientras el consejero Ciro Murayama dijo en entrevistas que el plan B está en coma en tanto la SCJN decida el fondo del asunto. Estimó que la elección de 2024 se realizará con las reglas previas a la reforma.

Seis aspirantes al consejo carecen de autonomía

En tanto, ante el proceso de selección de cuatro consejeros del órgano electoral, la diputada María Elena Pérez-Jáen (PAN) consideró que la próxima semana será crítica para la oposición en la Cámara de Diputados, porque la batalla será no permitir que se apoderen (Morena) de las vacantes y la presidencia del INE.

María Esther Azuela Gómez, integrante del comité técnico de evaluación, consideró que seis personas no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo por su “cercanía e incluso parentesco con actores del Estado que integran otros poderes de la Unión. Y en algunas personas aspirantes su propio curriculum vitae deja en evidencia su trabajo de varios años dedicado a partidos políticos o actualmente en cargos de otros poderes federales o estatales”.