La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender el plan B trastoca el cronograma del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado para compactar su estructura y reducir gastos debido a que la orden de la Corte es que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. También devuelve –por ahora– el mando central a dos personas: el consejero presidente y el secretario ejecutivo.

El 2 de marzo pasado, apenas se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, fue cesado el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en cumplimiento a uno de los transitorios del decreto, toda vez que fueron reducidas sustancialmente sus atribuciones.

El consejo general nombró a un encargado de despacho de la secretaría ejecutiva con la perspectiva de designar al titular para el periodo 2023-2029 en la siguiente sesión ordinaria, es decir, en mayo entrante. Jacobo volvió a su puesto debido a una suspensión concedida por un juez de distrito, pero debía apegar su función a lo señalado en la nueva ley.

Con la resolución de anoche de la SCJN, toma otra vez el control de la Junta General Ejecutiva (JGE) y vuelve a ser responsable de la estructura descentralizada del INE, integrada por 32 juntas locales y 300 distritales.

El 3 de marzo, cuando entró en vigor la reforma y al mismo tiempo que se integraba un comité técnico responsable de realizar los cambios, los principales directores de área, miembros de la JGE, presentaron su renuncia con carácter irrevocable con efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril, fecha en que concluyen su gestión el presidente, Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz.

Y mientras el 9 de marzo el INE presentaba su segunda controversia constitucional, el comité técnico delineaba las fechas programadas para cumplir con su quehacer, con actividades específicas de aquí al 31 de octubre, esto es, unos días antes del inicio del proceso federal 2023-2024.

En ese lapso debería, entre otras tareas, definir la compactación de las estructuras no incluidas en la reforma y la revisión integral de nóminas y el costo de los ajustes, incluido el pago de finiquitos.

Según el plan B, la contienda por la Presidencia de la República (y miles de cargos de representación popular) comienza en noviembre, pero con la ley anterior, en septiembre próximo.