urante las últimas décadas hemos conocido diversas propuestas e intentos de mecanismos de participación amplia y efectiva para las víctimas, en la implementación de políticas públicas o legislaciones que involucran sus derechos y escuchan sus necesidades, puestas en común y retomadas por quienes toman decisiones desde el ejercicio de la función pública o la representación popular. Por lo que la participación efectiva y activa se ha convertido en un principio contenido en los marcos normativos nacionales e internacionales que buscan garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, es indispensable que las víctimas intervengan en todo proceso que involucre y comprometa sus derechos como condición sine qua non para una efectiva atención y garantía de los mismos. Aunque este principio es un derecho reconocido jurídicamente, en la práctica debe convertirse en un fundamento efectivo para la diversidad de grupos de víctimas que permita transformar su realidad ante la interrupción de sus proyectos de vida por la creciente violencia en el país. El propósito: validar y legitimar las luchas políticas, necesidades, propuestas y puntos de vista de personas y grupos afectados, en especial de aquellos históricamente marginados y excluidos.
En México hay ejercicios simultáneos de procesos que tienen la intención de convertirse en mecanismos participativos, como las reformas constitucionales en torno al derecho de toda persona a ser buscada; la construcción y propuesta sobre una ley de memoria; cambios y ajustes en la gestión de fondos destinados a la atención de víctimas; así como reglamentaciones al marco legal en materia de desaparición. Pero para materializarlo se requiere de manera urgente de la participación de familiares y víctimas en la construcción de una política nacional forense.
Es apremiante incluir a las y los directamente afectados en la elaboración de protocolos y leyes generales en materia de desplazamiento forzado interno; también, reconocer y atender la problemática de trata de personas a través de la implementación de políticas públicas eficientes, y una evaluación y seguimiento participativo sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Retomando lo que plasman María Paula Saffon y Viviana Tacha en su texto La participación en las medidas de justicia transicional. Un estudio comparado; los diversos retos que nos plantea la participación se pueden dividir en tres objetivos: recoger los puntos de vista y opiniones; incidir efectiva y realmente en las decisiones del Estado, y transformar las relaciones de poder, siendo éste de suma pertinencia y potencialidad como zona de diálogo y acuerdo entre diversos actores sociales.
Por un lado, la importancia de la centralidad de la voz de las víctimas y organizaciones sociales dará un carácter democratizador, reconociendo que la participación estimula la articulación de grupos de víctimas para generar propuestas y proyectos que abarquen sus necesidades y que permitan contribuir a la transformación de causas estructurales que violentan derechos humanos. Esto, de forma creativa y solidaria a través del acercamiento respetuoso con grupos de víctimas que han sido excluidos y marginados de estas deliberaciones, que buscan precisamente ser públicas y sin discriminación.
Por otro lado, es necesario mantener estos procesos sólidos y sostenibles en el tiempo, ya que, por el contrario, su naturaleza efímera echaría por tierra la consolidación de sujetos sociales con fuerzas compartidas para la construcción de procesos democratizadores, más aún transformadores de una realidad que duele y causa violencia. El horizonte compartido pudiera ser ir hacia una participación para la transformación que reconozca este derecho como una conquista proveniente desde abajo y no una concesión desde arriba, trascendiendo de los formalismos con sólo pretensiones de recabar opiniones en la coyuntura, a una participación con incidencia real y concreta.
Apremia entretejer e implementar acciones de participación democrática y transformativa mediante la incorporación de buenas prácticas previas, con la intención de ampliar las voces de las víctimas, siendo comprensibles con sus tiempos y procesos –personales y organizativos–, para abonar al vínculo entre víctimas, organizaciones y gobiernos. Considerando los cambios políticos y electorales próximos, es importante consolidar aspectos que contribuyan a la efectiva participación y avance de derechos para las víctimas, evitando su retroceso entre los cambios de sexenio. Encontrémonos en la tarea social compartida de implementar procesos de participación que nos accionen para fortalecer a quienes se han visto afectadas y afectados en sus derechos y en sus vidas mismas, para construir colectivamente proyectos de nación encaminados a la paz con justicia y dignidad.
* Defensor de derechos humanos
