Los migrantes tienen derecho a una defensa adecuada, que puede incluir a un abogado de oficio, y no podrán ser privados de su libertad por más de 36 horas, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al otorgar amparo a un grupo de ciudadanos extranjeros que fueron detenidos para sujetarlos a un proceso de deportación.

Los ministros de la primera sala señalaron por unanimidad que, como ocurre en otros procesos jurisdiccionales, si los afectados no tenían recursos para contratar a un defensor privado, el Estado debió darles uno de oficio.

Esta primera sala considera que su representante legal o defensor debió haber sido nombrado de oficio, pues el Estado mexicano se encuentra obligado a proveerlo a toda persona extranjera que se encuentre sujeta a un proceso migratorio, con independencia de su voluntad, en la medida en que constituye un derecho humano irrenunciable, expone el proyecto aprobado, el cual fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Destaca que al haberse violado el derecho a un debido proceso de los indocumentados, se debe reponer en su integridad el proceso administrativo para su deportación, pero ahora garantizando que tengan a un defensor capacitado específicamente en la materia.

En su fallo, consideró que tanto el plazo de 15 días hábiles como el de 60 días hábiles previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración contravienen la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 de la Constitución federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa, que es de 36 horas.

Esta primera sala considera que la presencia de condiciones de desigualdad real obliga al Estado a adoptar medidas reforzadas de protección en favor de la comunidad migrante, que tengan como finalidad reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses.

Fabienne Cabaret, subdirectora de la Fundación para la Justicia, reconoció el fallo de la SCJN y mencionó que en el acompañamiento a los indocumentados han observado que a partir de que son privados de la libertad por agentes migratorios y de Guardia Nacional es muy complicado poder darles seguimiento, lo que genera que estén en indefensión y a la merced de la decisión legal de las autoridades.

De hecho, recordó, hemos tenido casos muy específicos donde a solicitud de familiares que buscan a migrantes que están en tránsito en nuestro país, hemos tenido que tramitar reportes de desaparición de personas para poder llegar a otras instancias, como las comisiones nacionales de los Derechos Humanos o de Búsqueda para que verifiquen si se encuentran o no en tal lugar.