El juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió ayer abrir el juicio oral contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Sin embargo, la etapa oral puede tener un retraso de meses debido a una sucesión de recursos interpuestos por las partes.

Durante la etapa intermedia del proceso, la FGR recibió un duro revés: de 48 pruebas que tiene para sostener sus imputaciones en el juicio oral, el juez Alarcón sólo aceptó 12 completas, 12 en forma parcial y desechó 24, entre ellas varios peritajes contables.

En una audiencia de más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, los representantes de la fiscalía se opusieron a que se aceptaran todas las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa de Lozoya.

El juez aceptó las 28 propuestas de los abogados del ex director de Pemex.

Los representantes del Ministerio Público federal informaron que apelarán la decisión judicial de aceptación de pruebas. La defensa, por su parte, promovió un amparo para cuestionar la personalidad jurídica de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda como receptores de los 200 millones de pesos que Lozoya propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan.

Esa sucesión de recursos retrasará el inicio de la etapa del juicio oral, a la espera de que un tribunal resuelva las apelaciones y un juzgado se manifieste sobre el amparo, ambos en forma definitiva.

De esta manera, llegó a su fin la etapa intermedia del proceso penal que se sigue por el caso Odebrecht, en el que Lozoya está acusado de recibir 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña como soborno a cambio de la asignación de contratos de obra pública en Pemex.

Para Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, la FGR pidió una sentencia de 21 años y tres meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Choque por las pruebas

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que se excluyeran 28 datos de pruebas de los abogados de Lozoya, relacionados con peritos, testimonios y trabajadores de Pemex.

El ex funcionario declaró que esas pruebas, y particularmente las comparecencias de los trabajadores de Pemex son fundamentales para comprobar que no tuvo relación directa con el contrato que se refiere a la refinería de Tula 1, el cual fue otorgado a Odebrecht.

Los abogados de Lozoya expusieron argumentos que no pudieron ser descalificados por los fiscales.

El juez Alarcón determinó que de las 48 pruebas que pretendía presentar la FGR en la etapa de juicio oral, se desecharan 24 que incluían información bancaria, testimonios y peritajes relacionados con el caso Odebrecht, que acreditarían la utilización ilícita de los recursos, lo que originó la entrega de contratos de obra pública a la empresa brasileña.

El defensor Miguel Alonso Ontiveros señaló que, antes de que se celebre la audiencia de la etapa intermedia del caso Agronitrogenados, programada para el 27 de abril, buscará llegar al acuerdo reparatorio.

Ese pacto se basaría en una estimación de un millón 385 mil dólares por lavado de dinero y 5 millones 951 mil 351 dólares por cohecho, equivalente al tipo de cambio actual a cerca de 147 millones de pesos. Lozoya, sin embargo, mantiene su oferta de liquidar 200 millones de pesos.