La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite los recursos de reclamación del Presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado contra la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán para que el plan B no se aplique en el estado de México y Coahuila, entidades donde habrá elecciones este mismo año.

El ministro argumentó que era necesario suspender los efectos de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, consideradas la primera fase del plan B, para evitar que su posible inconstitucionalidad afectara estos procesos que ya están en marcha. Sostuvo que de no tomar esta medida cautelar podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.

Tanto el Ejecutivo como los líderes de ambas cámaras del Congreso consideran que Pérez Dayán se excedió en sus funciones, pues en acciones de inconstitucionalidad no puede haber suspensiones contra normas generales.

Los recursos fueron promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán.

Negativa de Pérez Dayán

Pérez Dayán ha negado suspender la aplicación de estas reformas en otros estados y municipios del país que las han impugnado, pues considera que, al no haber procesos electorales en curso en dichas demarcaciones, no hay ningún derecho humano afectado en lo inmediato.

Los recursos de reclamación fueron turnados a la segunda sala de la SCJN, así que será uno de sus ministros quien las analice y proponga un proyecto de resolución, donde se defina si las suspensiones pueden continuar o no.