ocas experiencias peores que te arranquen tu suelo, tu casa, tus tierras, tu calle, tus hábitos, tus rutas, tus pequeños fetiches. En eso consiste la condición del desplazado. Algo inevitable lo expulsa. Se le describe como interno y en el exilio. Ambos forzados a partir por las mismas causas: guerra, violencia étnica o criminal, daños ambientales por crecimiento de la plaga que los gobiernos todavía llaman desarrollo, inundaciones, sequías, incendios, terremotos. Las cifras mundiales son tan altas que nos anestesian. De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, en inglés), en 2020 había 48 millones de desplazados por conflictos o desastres. Tras la guerra en Ucrania y el sismo en Turquía y Siria serán más.

Para el continente americano, cuentas menos atroces que en África subsahariana y el Medio Oriente apuntaban 238 mil personas desplazadas por la violencia en México, El Salvador, Colombia y Haití. Por desastres ambientales, muchas más: cuatro y medio millones, de los incendios en Estados Unidos a la temporada de huracanes más activa de la historia en el Atlántico, causando en Centroamérica desplazamientos sin precedente. Los huracanes se han traducido en nuevas migraciones masivas, con México en el camino. A sus propios desplazados, decenas de miles, el país añade los expulsados de otros países que sufren.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, atenta al fenómeno, destaca: Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del país debido a situaciones de conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Esta situación, que afecta diversos ámbitos fundamentales de la vida de las personas, ha sido reconocida por el gobierno mexicano y representa un desafío en materia de prevención, protección, atención integral e información.

Según diversos organismos civiles, en México tenemos hoy más de 50 mil desplazados sólo por la violencia criminal. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa, estima que sólo en Guerrero son 25 o 30 mil en la Sierra y la Montaña. De 2016 a 2021 sumaron 22 mil 840, a los que habría que sumar más de 2 mil 500 en 2022 y lo que va del año. También prevé que la cifra se incremente, pues considera predecible que habrá más incursiones, enfrentamientos y masacres (La Jornada, 14/2/23).

La reactivación de la violencia paramilitar en los Altos de Chiapas produce desplazamientos que no se resuelven. Añádase al narco y la tala criminal en la Tarahumara y la interminable violencia en las sierras de Sinaloa y Durango.

En 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, basado en cálculos de organizaciones que monitorean el desplazamiento forzado en el ámbito nacional, consideraba que la violencia en estos años ha dejado de 400 mil a 700 mil personas desplazadas, la mayoría invisibilizadas y discriminadas. En tanto, decía, el gobierno de mexicano no tiene un registro de la situación.

En 2022, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación publicó el libro Desplazamiento forzado interno en México: del reconocimiento a los desafíos. Admite que el fenómeno, presente durante décadas, sólo recientemente es reconocido desde el gobierno como un problema público.

Aquello invisibilizó a personas y comunidades, incrementando el número de víctimas año tras año e impidiendo fortalecer mecanismos institucionales. Gobernación admite allí entre 7 y 10 mil desplazados de Aldama y Chalchihuitán en Chiapas, sin haber actuado de manera eficaz.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, aseguró a Sergio Ocampo Arista, corresponsal de este diario, que en Guerrero el fenómeno es provocado por disputas por bosques y proyectos mineros, así como la violencia ligada al narcotráfico que busca apoderarse de territorios y rutas.

Mal se lleva la cuenta de triquis desplazados por la violencia crónica en su región. Huyen dentro de la misma entidad oaxaqueña o hacia la Ciudad de México y los campos agrícolas de Sinaloa, San Quintín y California. Esto, sin mezclar el fenómeno migrante en general, el cual enmascara con frecuencia los desplazamientos forzados por inseguridad y secuelas de la violencia, o condiciones insostenibles de subsistencia por afectaciones industriales, mineras y de grandes empresas agrícolas, esa nueva forma de latifundio.

Las cifras no reflejan las consecuencias de estos desplazamientos obligados: creciente descomposición comunitaria y familiar, apenas paliada por programas sociales; criminalización de la vida; militarización con ambiguos resultados; despojo inmobiliario, extractivista, agrario, o por nuevas vías de comunicación. Esos desplazamientos blandos que nadie logra contabilizar.

En México no se debe permitir que se desplace y despoje a connacionales de su espacio y de su vida. Es un problema serio.