n mis artículos en La Jornada, puedo equivocarme, dar un dato erróneo sin percatarme, puedo molestar a alguien por lo que digo, pero lo que escribo es siempre acorde con mi convicción y mi conciencia. Hoy intento un tema que está en el centro del debate que se deriva en el fondo, del forcejeo entre el gobierno electo democráticamente en 2018 y quienes no pueden soportar haber perdido el poder y no acaban de entender bien a bien que el cambio es irreversible.
Es un diferendo por los conceptos justicia y ley; en el trasfondo, se encuentran también latentes las relaciones entre los poderes de la unión; a diferencia de lo que sucedía en el pasado y contra lo que dicen sus detractores, ahora, el Poder Ejecutivo no somete ni condiciona a los otros dos poderes; es evidente en materia legislativa, algunos de los cambios constitucionales para volver al espíritu de la Constitución de 1917 han sido posibles, pero no todos, y con el Poder Judicial, en el que se han dado cambios importantes, hay por primera vez una mujer como presidenta y llegó a su nuevo cargo por el voto libre de sus pares, ministros que votaron con toda libertad.
Tengo la certeza de que hay un respeto entre los poderes y que el antiguo sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo que se manifestaba de muchas maneras ya no existe. Me consta porque lo vi y lo viví, que ministros de la Corte y presidentes de la misma no podían acceder a sus cargos sin el visto bueno del presidente de la República; hubo quien, siendo titular del cargo más alto en el Poder Judicial, aceptó una representación del Ejecutivo en una ceremonia en el extranjero y cualquiera que hubiere tenido acceso a la oficina de los presidentes de la Corte, podrían haber constatado, que no sólo existía un teléfono rojo para comunicaciones con el Ejecutivo, una caseta telefónica dentro de la oficina, para que no se escucharan las conversaciones entre el jefe indiscutible del gobierno que era el presidente en los tiempos del priísmo y el titular del poder acotado de quien encabezaba la Corte.
El 5 de febrero acudí a la celebración del aniversario 106 de la Constitución; el camino a Querétaro, en la madrugada, fue placentero, había frío y una hermosa luna iluminaba la carretera; al final, la histórica ciudad hervía de visitantes, un mitin en algún lugar, bandas de guerras, vehículos y servidores públicos que llegaban a participar en el importante acto.
Los discursos fueron a cargo del gobernador de Querétaro, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, es decir, cinco en total; de todos ellos, dos, los del gobernador de Querétaro y de la presidenta de la Corte, fueron equilibrados, sobrios, bien dichos y demostraron que no había ningún sometimiento al Poder Ejecutivo federal ni elogios inmerecidos; hubo cortesía, expresión de ideas propias y en el caso de la ministra, una clara definición en favor de la independencia del Poder Judicial y la advertencia de que ante críticas infundadas habría respuesta.
El discurso de Santiago Creel, bien dicho y a partir de un recorrido por la historia de las transformaciones, culminó con una crítica a la que el gobierno del presidente López Obrador encabeza, con el apoyo mayoritario del pueblo de México y el respaldo de un proceso democrático claro en su favor; el representante de la Cámara de Senadores destacó los logros del gobierno y el Presidente celebró el cambio y los logros alcanzados por el gobierno que preside.
Para quienes estuvimos presentes, la diferencia con las ceremonias y actos políticos del pasado fueron evidentes; se respiró un ambiente de libertad, de expresión de las ideas sin temor a represalias y sabiendo todos, que lo que decían podía ser contestado o refutado, pero nunca reprimido.
Una diferencia que se ha manifestado desde algún tiempo, es la de la justicia y el derecho; el Presidente espera que los jueces sean justos y en sus sentencias den a cada uno lo que es suyo o lo que les corresponde, según la histórica definición de justicia aceptada desde el derecho romano; los jueces han contestado que su obligación es aplicar la ley, no se protesta hacer guardar la justicia, cuando un servidor público asume su cargo promete cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
El problema común, de todos, será lograr que tanto las leyes como su aplicación a los casos concretos, sean decisiones inspiradas por la justicia. No siempre es así, ha habido y hay leyes, decisiones de la autoridad y sentencias, que por diversos motivos, incluido el de la corrupción, aplican el derecho y escamotean la justicia. La tarea común, legisladores, servidores del Ejecutivo y juzgadores, debe ser lograr que las normas y su aplicación estén inspiradas por esa virtud cardinal que es la justicia. El derecho, si no está sustentado en ella, es solamente un capricho del gobernante.
