Con sólo algunos ajustes en su redacción, el Congreso capitalino se dispone a avalar la iniciativa de ley que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para garantizar el derecho al acceso gratuito a Internet de banda ancha en lugares públicos, en cuyo dictamen se debieron refutar observaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que manifestó su oposición aun cuando tiene sustento legal en la Constitución Política de la Ciudad de México y la entidad cuenta ya con cerca de 30 mil puntos de acceso libre inalámbrico.

La legislación –que entraría en vigor con el inicio de año fiscal 2024– dispone que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México será la responsable de diseñar la política de conectividad, instalar la infraestructura que permita brindar el servicio y habilitarlo en el espacio público, así como celebrar contratos y convenios con terceros, mientras la persona titular de la jefatura de Gobierno deberá prever en el presupuesto los recursos suficientes a fin de garantizarlo con una velocidad de navegación por usuario no menor a 3 megabits por segundo en descarga.

También prevé medidas para asegurar el resguardo y protección de la información y los datos de las personas con base a estándares de ciberseguridad suficientes y dispone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá acceso a la infraestructura del servicio con el fin de prevenir, identificar y denuncias conductas delictivas en la red pública, tema que fue uno de los que observó la Canieti para fijar su postura en contra, así como riesgos de trato preferencial en perjuicio de los clientes, una supuesta excesiva concentración de facultades en la agencia y la ausencia de mecanismos de vigilancia en las contrataciones del servicio.

En el análisis de la iniciativa se advierte que varias de esas inquietudes están reguladas en otras normas y consideraron pertinente se promulgue, toda vez que la Constitución local establece que en la ciudad el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social, y prevé que habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, escuelas, edificios gubernamentales y recintos culturales.