Durango, Dgo., Tres presuntos responsables de la contaminación de anestesia que derivó en contagios de meningitis micótica y la muerte, a la fecha, de 35 personas, la mayoría mujeres, fueron detenidos ayer, informaron las fiscalías General del Estado (FGE) y Estatal Anticorrupción.

Se trata del anestesiólogo Omar N; Guadalupe N, verificadora de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised), y Joaquín N, ex director de ese organismo.

La titular de la FGE, Sonia de la Garza Fragoso, explicó que la madrugada del martes se aprehendió a Omar N, considerado el causante de la contaminación del medicamento que originó la meningitis micótica, que ha causado 35 decesos y 79 casos positivos del primero noviembre pasado hasta ayer.

Señaló que el detenido violó la norma oficial mexicana y la Ley General de Salud en su actuar como anestesiólogo. Realizaba prácticas indebidas, como llevar el medicamento de un nosocomio privado a otro. Del hospital Del Parque trasladó la contaminación a los otros tres centros (Dikava, Santé y San Carlos), actualmente clausurados, expuso la fiscal.

Puntualizó que el especialista es el único anestesiólogo que transportaba su fármaco para utilizarlo en las cirugías en las que aplicaba el bloqueo general.

Aseveró que Omar N mezclaba su medicamento con otro que le facilitaba el hospital Del Parque; después ese contenido lo llevaba a las otras tres clínicas privadas donde prestaba sus servicios.

“La mala praxis de este médico pudo haber provocado y llevado la contaminación por el hongo (Fusarium solani) al resto de nosocomios. Es el único que aparece con procedimientos en los cuatro hospitales y solo él trasladaba su medicamento”, insistió De la Garza.

Además, de los 79 pacientes positivos a meningitis, 61 fueron atendidos en el hospital Del Parque y de los 35 fallecidos por esa causa, 32 estuvieron en dicha unidad médica.

De la Garza Fragoso destacó que hace varias semanas el anestesiólogo compareció ante la FGE y negó que él transportara el fármaco. Sin embargo, el personal administrativo y médico de los hospitales Dikava, Santé y San Carlos confirmaron que Omar N llevaba su propia anestesia.

No obstante, los tres sanatorios no están exentos de responsabilidades porque deben ser garantes de la salud, al igual que los médicos. Si bien no actuaron con dolo para provocar muertes y lesiones a las pacientes, debieron prever las circunstancias y el riesgo al no cumplir con las normas oficiales y de anestesiología, advirtió.

▲ Joaquín N, ex director de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango, uno de los tres detenidos por su presunta responsabilidad en las 35 muertes por meningitis micótica en la entidad.Foto Saúl Maldonado

En el hospital Santé cuatro personas resultaron positivas al hongo y tres perecieron; en el nosocomio San Carlos hubo dos casos y los 12 restantes estuvieron en el Dikava.

La segunda persona aprehendida es Guadalupe N, verificadora de la Coprised, quien en marzo de 2022 realizó una revisión al hospital Del Parque y no reportó anomalías.

Guadalupe manifestó hechos falsos porque después, en otra verificación realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se detectó que ese hospital no tenía farmacia, expuso el fiscal anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez.

Los lugares donde guardan el medicamento controlado no son adecuados ni tenían licencia sanitaria para el manejo de fármacos controlados, agregó.

El tercer detenido es Joaquín N, ex director de la Coprised. A decir de Díaz Rodríguez, el ex funcionario carece de título profesional para ejercer el cargo, por lo que lo acusaron de ejercicio indebido del ejercicio público.

Según el fiscal anticorrupción, si la verificadora de la Coprised hubiera realizado su trabajo correctamente, el Hospital del Parque habría corregido las anomalías y así evitado los contagios de meningitis micótica y los decesos.

En tanto, personal de la Coprised tomó las instalaciones de la Secretaría de Salud estatal en demanda de que liberaran a su compañera. Argumentaron que los verificadores no tienen nada que ver con las cirugías, pues sólo regulan y las condiciones de un hospital hoy pueden cambiar en cuatro meses.

Por su parte Martha Lidia, esposa del anestesiólogo, denunció que la detención fue ilegal porque su pareja tenía un amparo que mostró a los policías, pero no lo respetaron. Mi esposo es un chivo expiatorio. Con él buscan solucionar este caso porque él nunca carga medicamento, todo se lo proporciona el mismo hospital donde acude a aplicar la anestesia, afirmó.