l escribir esto han transcurrido dos semanas del violento secuestro en las inmediaciones de Cohuayana, Michoacán, de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. No se sabe su paradero ni bien a bien quienes se los llevaron, aunque las sospechas recaen en el sambenito de fue el crimen organizado. Ingresan por lo pronto en el atroz y larguísimo listado de personas que desaparecen en México. Cada caso es una vida, una historia, una totalidad humana. ¿Quiénes son los dos activistas que el 15 de enero fueron sustraídos de su vehículo y no se les ha vuelto a ver?

En su acción urgente, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan dice de Antonio: Es un comunero de Aquila que ha defendido el medio ambiente y que se ha confrontado con los representantes de la empresa de hierro (Ternium), que cuenta con gente incondicional. En estas fechas se tiene programado el cambio de comisariado de bienes comunales y la situación se ha polarizado debido a que los intereses de la empresa lograron imponerse dentro del núcleo agrario y también se han involucrado en esta elección al apoyar al grupo beneficiado por la empresa. Antonio representa un peligro para la minera porque ha denunciado los graves daños que está causando la extracción del mineral a cielo abierto y ésta teme que los convenios firmados se revoquen.

Aquila es, hace décadas, una de las regiones más peligrosas y desgobernadas del país. Allí uno respira la economía del narco, que con frecuencia coincide con concesiones mineras de importancia multimillonaria. Si dinero llama dinero, la minería salvaje llama al narco, o lo aprovecha. Como negocio colateral a sus propios intereses (tráfico de drogas o personas y la violencia misma, ese gran negocio) los grupos criminales limpian de estorbos el camino de las máquinas y las extracciones. Desde 2009 han sido asesinados 35 comuneros y cinco más siguen desaparecidos. No cesa la violencia.

Dice Tlachinollan: La disputa territorial ha sido férrea, no sólo por los intereses del crimen organizado, que busca controlar el territorio de esta comunidad nahua, sino porque además hay concesiones mineras como la de Ternium que desde hace años ha dividido a la comunidad. Apenas el pasado 12 de enero fueron asesinados tres integrantes de la ronda comunitaria.

Ricardo es uno de esos abogados que, en vez de enriquecerse con su profesión la ponen al servicio de los que sufren la ley y la ilegalidad sin recursos económicos para defenderse de las aberraciones de la justicia con razones profundas, raigales, en sus reclamos. Ricardo siempre litiga y lucha en favor de las comunidades con valentía y hasta temeridad. Acepta casos difíciles y peligrosos. No pocas veces su ejercicio es controversial.

Un tiempo perteneció al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Entonces, y después, tuve la oportunidad de acompañar sus acompañamientos. Brillante, eficaz, se unió a la defensa territorial de dos grandes ejidos, San Sebastián Bachajón (tseltal) y Tila (chol), ambos de la Otra Campaña. En septiembre de 2009 estuvo a punto de ser asesinado en Jotolá por miembros de la contrainsurgente Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, que operaba en Chilón y Tumbalá. Sus agresores fueron liberados poco después, pero no se arredró.

La seguridad de su audacia lo ha hecho conflictivo. En algún momento rompió con el Frayba e hizo duros (en mi opinión injustificados) señalamientos contra éste y el obispo Raúl Vera, presidente del organismo. Tomó la representación de un grupo minoritario que se escindió de Las Abejas de Acteal, buscando la reparación de la masacre de 1997 y el desplazamiento en Chenalhó. Llevó el caso a escala internacional, confrontándose con sus antiguos colegas.

Pronto asumió la defensa territorial de otras localidades. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, interpuso un amparo contra las empresas eólicas. Litigó para comunidades de Yucatán y Campeche. Lleva cinco años acompañando a los nahuas de Aquila en su resistencia contra la trasnacional minera Ternium, a la cual su desaparición y la de Antonio benefician objetivamente.

Fundó Asesoría y Defensa Legal del Sureste. Según Front Line Defenders, ha logrado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos. Igualmente ha logrado la protección de comunidades indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Varias veces articulista de La Jornada, expuso denuncias y alegatos de justicia de los de abajo para dar relevancia a sus luchas. Lo vi en acción en tribunales, cárceles y comunidades de Chiapas. Me constan su talento y su compromiso.

Tlachinollan apunta: Es preocupante la violencia que enfrentan defensores comunitarios y ambientalistas en contextos donde los criminales han tomado el control regional. Las autoridades, en lugar de proteger a quienes defienden su territorio, se han coludido con las mineras y los jefes del crimen organizado.

En México nadie defiende a los defensores de los presos y las comunidades que, sin ellos y ellas, quedarían en la indefensión legal. Esta es una de nuestras miserias. Ricardo y Antonio deben aparecer ya. Vivos.