Lima. La crisis en Perú se agrava después que en la madrugada del sábado la mayoría parlamentaria rechazó adelantar las elecciones para octubre de este año. Esta decisión arroja gasolina al fuego de las protestas sociales iniciadas en diciembre exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año. En paralelo, escalan la militarización del país, el autoritarismo del gobierno y la represión contra las movilizaciones populares. Además, sube el tono de un discurso cada vez más fascista del gobierno, la derecha parlamentaria y los medios de comunicación hegemónicos que criminalizan las protestas y a la izquierda, aplauden la represión que dispara contra manifestantes, justifica la militarización del país y utiliza –de la mano con la fiscalía– acusaciones sin fundamento por terrorismo.

Las protestas ya han dejado más de 60 muertos, entre ellos 46 asesinados por disparos de la policía y el ejército, una represión que apunta principalmente contra las poblaciones andinas. Pero las protestas resisten, no dan tregua.

Ni un paso atrás

Después de la decisión del desacreditado Congreso –9 por ciento de aprobación popular– de bloquear elecciones este año, hubo ayer una masiva movilización por las calles de Lima. Continúan las protestas diarias en buena parte del país y los bloqueos de vías. La represión es la única respuesta del gobierno.

Desde hace 10 días, las movilizaciones populares antigubernamentales son diarias en la capital. Muchos pobladores que han llegado a Lima desde distintas regiones son parte central del clamor popular siempre reprimido con bombas lacrimógenas lanzadas indiscriminadamente, disparos de perdigones, golpes y detenciones arbitrarias. En las poblaciones andinas la represión ha sido con disparos de fusil.

El Congreso rechazó el adelanto de elecciones para octubre de este año con 65 votos en contra y 45 a favor. Hubo dos abstenciones. Se requerían 87 votos, dos tercios de la cámara, para aprobarla en primera instancia. Luego tendría que ser ratificada en una segunda votación.

Se ha pedido la rectificación de la votación que rechazó las elecciones este año, por lo que se volverá a votar este lunes. Parece muy poco probable un cambio que permita aprobarla. En diciembre, bajo presión popular, 93 legisladores aprobaron adelantar las elecciones de 2026 a abril de 2024, decisión que está pendiente de ser ratificada en segunda votación. Las masivas movilizaciones exigiendo elecciones este año llevaron a debatir un segundo adelanto de elecciones.

Se opusieron al adelanto de las elecciones a 2023 la ultraderecha –salvo la fujimorista Fuerza Popular (FP)– y la mayor parte de los legisladores de derecha y centro derecha. Quieren elecciones en 2024 porque buscan tiempo para introducir reformas que los favorezcan y copar los organismos electorales.

En medio de las fuertes protestas sociales, el fujimorismo cambió de postura y respaldó el adelanto. Se opusieron a ir a las urnas este año las bancadas de Perú Libre (PL) que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y sus escisiones, como el Bloque Magisterial (BM). Estos grupos de izquierda condicionaron su apoyo al nuevo adelanto de elecciones, a la aprobación de un referéndum para una Asamblea Constituyente, que no tenía opción de prosperar.

No es la primera vez que PL coincide con la ultraderecha. En declaraciones a Página/12 en agosto pasado, su secretario general, Vladimir Cerrón, declaró que prefería aliarse con la ultraderecha antes que con la izquierda progresista, a la que considera su principal enemigo.

Esta votación ha sido una nueva expresión de sus coincidencias con la ultraderecha. La izquierda progresista de Cambio Democrático –-Juntos por el Perú (CD-JP)– respaldó las elecciones para este año.

El Congreso ha perdido la oportunidad de levantar la tapa de la olla de presión para que un poco de la calentura acumulada salga. Esto va a incrementar la ira y la bronca de la gente, declaró a este diario el historiador, antropólogo y analista político Carlos Monge.

Sobre la coincidencia de la ultraderecha y un sector de la izquierda en el rechazo a elecciones este año, señaló: “Comparten una agenda conservadora antiderechos, contra el avance de las perspectivas de género, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual. Quieren quedarse unos meses más para avanzar en esa agenda común y para seguir haciendo lobbies (cabildeo), representación de intereses de quienes financiaron campañas y para disfrutar unos meses más de un buen sueldo. Están mezquinamente negociando unos meses más en el Congreso a costa de los muertos en las calles. Al darles más tiempo para las elecciones, PL y BM le están dejando el camino libre a la derecha para la captura de los organismos electorales”,

Fujimorismo, a tono

Monge opinó que el fujimorismo cambió de postura y respaldó las elecciones este año para buscar posicionarse en la línea de lo que demanda la mayoría y por un cálculo electoral. FP es el partido de la derecha que tiene más base social, y gran parte de ésta debe estar presionando para elecciones este año. En su decisión también puede haber un cálculo político subalterno: piensan que pueden ser la única opción viable de la derecha en una elección a corto plazo. Pero lo que el fujimorismo pueda ganar con su apoyo a elecciones este año está limitado, porque al mismo tiempo apoya al gobierno y la represión.

Eduardo Ballón, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), señaló que la mayoría del Congreso aceptó en primera votación adelantar las elecciones para 2024 por temor y su relativa derrota ante la fuerza y la violencia de la movilización de la gente, pero quieren quedarse el mayor tiempo, hasta 2026 si eso fuera posible.

Prácticamente se cayó el adelanto de las elecciones para 2023 y no están confirmadas para 2024. El adelanto de elecciones, coinciden ambos analistas, dependerá de la fuerza que mantengan las movilizaciones populares.

Si en los próximos cuatro o cinco días no hay un curso que nos lleve al adelanto de comicios en los próximos meses, vislumbro un escenario con bastante más violencia y represión de la que hemos visto hasta ahora. Y un bloqueo de las pocas posibilidades de diálogo que hay en este momento. Hay una polarización cada vez más visceral, señaló Ballón.

En su opinión, el gobierno es insostenible. Boluarte no tiene posibilidad de sostenerse hasta 2026, y veo difícil que se sostenga hasta 2024. Su única posibilidad de mantenerse es profundizando más su alianza con la ultraderecha y el aparato militar. Hay claramente un empoderamiento de las fuerzas armadas y policiales en el gobierno.

En esa misma línea, Monge advirtió que el rumbo del gobierno está llevando a la militarización total del país. Este gobierno sólo puede imponerse a balazos, incluso a cañonazos porque los tanques están tomando parte del territorio. Boluarte solamente es sostenible en la forma de una dictadura cívico-militar abierta.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó ayer la primera muerte de una persona en Lima en medio de las manifestaciones, con lo que el país andino pasó a sumar 65 fallecidos en esta crisis, informó la agencia Xinhua.

“Lamentamos el fallecimiento de Víctor Santisteban Yacsavilca en las manifestaciones violentas de hoy. La jefatura de guardia del Hospital de Emergencia Grau coordina con @FiscaliaPeru para las diligencias de acuerdo a ley”, indicó la institución en Twitter, y hace seguimiento a la situación de salud de un ciudadano identificado como Taine Isidoro Bedon Maguiña, quien habría llegado herido grave al nosocomio Guillermo Almenara.