El juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México le negó la suspensión provisional al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que dirige Francisco Hernández Juárez, contra la omisión del gobierno federal de emitir una política de inclusión digital universal, como ordena la Constitución.

El sindicato promovió el recurso de amparo el lunes pasado ante la jueza Celina Quintero Rico. Los actos reclamados son la omisión de elaborar y conducir la Política de inclusión digital universal, así como su integración al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 36, fracción I Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otros.

Se niega la suspensión provisional respecto de los actos reclamados consistentes en las omisiones de las autoridades responsables deemitir la política de inclusión digital universal, según el mandato contenido en el artículo 6, fracción I del Apartado B de la Constitución señala el acuerdo de la jueza.

Dicho apartado indica que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

También negó la medida cautelar para integrar dicha política en el Plan Nacional de Desarrollo, de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, ya que carece de objetivos claros, asequibles y medibles, así como de programas y estrategias orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo Internet de banda ancha para toda la población, la omisión de elaborar y conducir la política de inclusión digital universal y su integración al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 36, fracción I Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Audiencia, a fin de mes

La jueza fijó la audiencia incidental para el próximo 31 de enero a las 11 horas donde determinará si concede al sindicato de telefonistas la suspensión definitiva. Asimismo, pidió a las autoridades responsables que rindan su informe previo de los actos reclamados.